Una salida en falso…

Una de las características de la administración pública moderna es el principio de la rendición de cuentas. La comunidad, la ciudadanía, en virtud del desarrollo de la democracia participativa y el control social puede y debe vigilar el uso de los recursos públicos, para que estos no se pierdan por efectos de la corrupción y la ineficiencia.
Es el control social en apoyo a la tarea de organismos como la Contraloría y la Procuraduría General, entre otros.
En Colombia no ha sido fácil convencer a los mandatarios locales y sus equipos, de la necesidad y la conveniencia de rendir cuentas de manera periódica sobre la forma en que se invierten y gastan los recursos públicos, que son de todos y cuya malversación nos afecta y nos perjudica.
Convencidos de la urgente necesidad de trabajar de manera coordinada en ese propósito de velar por el buen uso de los recursos públicos, hace varios años, los  entonces Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, y el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, iniciaron y desarrollaron una tarea conjunta encaminada a luchar contra la ineficiencia y la corrupción, en varios frentes. Uno de esos fue el manejo de las regalías del carbón y del gas en el Cesar, departamento al cual estaban vinculados por razones afectivas, pero que quisieron utilizar también como territorio piloto.
En desarrollo de ese trabajo coordinado, se crearon los Csir, es decir veedurías ciudadanas,  en los departamentos de Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Arauca, para promover el control social y la vigilancia sobre la inversión de las regalías del petróleo, y en el caso del Cesar, sobre las regalías del carbón.
La labor del Csir en el Cesar ha sido titánica, quijotesca, para advertir sobre los riesgos de corrupción y de ineficiencia en la inversión de las regalías del carbón, que deben invertirse, según lo fija la ley, en beneficio de las comunidades del área de influencia de los municipios productores.
Y a pesar de la tarea hecha por el Csir, para nadie es un secreto que el departamento y la gran mayoría de los municipios no han invertido bien esos recursos, y que buena parte de esa plata se ido por la cañerías de la corrupción y el despilfarro.
En virtud de esa labor, el Csir ha señalado al municipio de Chiriguaná, como uno de los que presenta problemas de atraso e irregularidades en su contratación pública. Uno de esos contratos, cuyo objeto es una serie de obras de acueducto y alcantarillado con la firma Ingeproyectos del Caribe, cuya representante legal es la señora Marta Bacci García, esposa del candidato liberal a la Alcaldía de Valledupar, Gonzalo Gómez Soto.
Sobre este tema informaron los medios de comunicación local, como es habitual con los comunicados del Csir, desde hace años. Sobre este particular, llamó a la emisora Maravilla Estéreo, el candidato Gómez Soto, pero, curiosamente, nunca contestó, y aún no lo ha hecho, sobre los cuestionamientos al contrato en mención, que asciende a $39 millones de pesos y de los cuales ya se anticiparon más de $11 mil millones. Tampoco ha hablado la señora Marta Bacci, quien era la primera llamada a explicar lo que ha sucedido con estos dineros, que son recursos públicos y sobre los cuales la comunidad tiene todo el derecho a conocer, ¿qué ha pasado?.
En lugar de responder estos señalamientos, extrañamente Gómez Soto señaló a los periodistas de la Emisora colega, comenzando por su director Carlos Quintero Romero, y también a la Secretaria Técnica del Csir, la ex alcaldesa de Valledupar, María Clara Quintero, de hacer parte de un plan criminal en su contra.
La actitud del candidato liberal a la Alcaldía, es una verdadera salida en falso. Lo correcto habría sido responder, él o su señora, por los cuestionamientos a la firma mencionada, hoy centro del debate, en lugar de hacer señalamientos temerarios.
Desde esta tribuna, rechazamos los señalamientos a María Clara Quintero, integrante del Consejo Editorial de este diario, y también a los colegas, comenzando por el amigo Carlos Quintero Romero, hombre a quien toda la comunidad cesarense conoce por su formación liberal y humanista, su sentido crítico del periodismo, su buen humor y bonhomía.
Valledupar, el Cesar, la Costa y Colombia, saben que Carlos Quintero, el popular agraciado, es un hombre de paz, preocupado por el futuro de su región y a quien lo guía su compromiso con sus coterráneos; bien podría estar disfrutando de sus libros, sus amigos, su familia y sus hijos, alejado de todos estos temas, muchas veces incomprendido por la intolerancia imperante en nuestra región.
Los medios de comunicación estamos en el deber de velar, también, y estimular ese control ciudadano y social por el buen uso de los mismos. Y los funcionarios del Estado, al igual que los particulares, incluyendo los contratistas, que manejan recursos públicos, están en la obligación de explicar el manejo que hacen de los mismos y rendir cuentas a la ciudadanía. Esto lo debe tener presente el candidato Gómez Soto y todos los aspirantes a la Alcaldía de Valledupar, a la gobernación del Cesar, y a las Alcaldía de todos los municipios del Departamento. La rendición de cuentas es un deber y el control social sobre los recursos públicos un derecho inherente a la democracia moderna. Así de simple y así de sencillo.