Sostenibilidad fiscal, equidad y gasto social

El Congreso de la República está a punto de aprobar el acto legislativo por medio del cual se eleva a rango constitucional la sostenibilidad fiscal, es decir, en términos sencillos, las finanzas públicas tendrán una restricción, un límite, que obligará a una mayor disciplina en el gasto al gobierno nacional.
La norma ha sido objeto de una gran polémica entre los partidos políticos, como debe ser, y ha sido el Polo Democrático el que ha advertido que la misma se puede convertir en un hecho que restrinja el acceso a determinados bienes públicos que garantiza el Estado social de derecho para los colombianos más pobres.
La controversia es de marca mayor e involucra a abogados, economistas y – en general- a los ejecutores de políticas públicas, ya que – a pesar de los deseos- el logro de la equidad y el mejoramiento de las  condiciones de vida de los sectores más vulnerables, siempre estará limitado por la disponibilidad de recursos públicos que son escasos.
Pero el tema, por supuesto, nos afecta a todos  y debe ser objeto de una amplia discusión entre la ciudadanía, ya que toca temas vitales como los impuestos y la asignación de los recursos del Estado, es decir el Presupuesto y el Gasto Social Público, que son los fundamentos de las políticas sociales.
Tienen sus argumentos los dirigentes del Polo Democrático para advertir que la nueva figura, elevada a rango constitucional, no se vaya a convertir en una talanquera para el desarrollo del Estado social de Derecho, como lo consagra la Constitución Política de 1991.
No obstante, el debate de fondo no sólo debe ser sobre la cantidad del gasto, inclusive como proporción del PIB, sino sobre la calidad del mismo y que, en realidad, se haga de manera transparente, participativa y teniendo en cuenta – de manera técnica- las principales necesidades de la población en todos los niveles: Nación, Departamentos y Municipios.
Lo que si está demostrado por la experiencia económica es que el Estado no puede gastar de manera ilimitada, sin generar problemas como inflación descontrolada, corrupción e ineficiencia, y hasta evasión en los impuestos que, a la larga, debe ser el principio de la fórmula de sostenibilidad fiscal: es decir el monto límite que el sector productivo está dispuesto, en realidad, a tributar al Estado.
Al proyecto de Acto Legislativo, es decir de reforma constitucional, le falta todavía un trámite de conciliación entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes, antes de su aprobación final y su paso a sanción del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.
Nadie puede dudar de la necesidad urgente de atender a tantas personas con los recursos públicos, en materia de salud, educación, vivienda, asistencia mínima, etc, entre otros aspectos jurídicos. Pero tampoco de la dura realidad de la limitación de los mismos, aspectos económicos  y financieros.
Adicionalmente, falta el proceso de revisión de la Corte Constitucional, máximo tribunal del país, que tendrá que sopesar muy bien los aspectos jurídicos, económicos, políticos y sociales, involucrados en este árido, pero importante tema de la sostenibilidad de los gastos del Estado, principalmente de las áreas sociales en un país con tanta pobreza, marginalidad, desempleo y necesidades básicas insatisfechas. Consideramos que los dos principios pueden ser compatibles en un equilibrio que tenga en cuenta ambos aspectos.