La imagen es cosa de todos los días, el traslado de reclusos de la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad, o desde la Judicial, al Palacio de Justicia de Valledupar, ubicado detrás de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, en el sector de la Gobernación.
Sin embargo, lo ocurrido el viernes demuestra que la Policía Nacional y el Inpec, no están adoptando todos los protocolos y recomendaciones de seguridad a la hora de trasladar a estas personas a las diligencias judiciales que se realizan en esa edificación. Nos preguntamos, ¿Cómo es posible que un niño, un adolescente, pueda abrir, desde afuera, las puertas del vehículo de la policía donde trasladaban a un grupo de personas sindicadas de haber cometido varios delitos?. ¿Dónde está la seguridad en el vehículo, en el uso de las esposas y en el cuidado que se debe tener con este tipo de personas?.
¿De quien es la responsabilidad en este caso? Y ¿Quién debe responder por este tipo de diligencias donde son trasladados personas acusadas de asesinatos, paramilitares, guerrilleros y gente de alta peligrosidad?.
Si estas diligencias se van a realizar en el Palacio de Justicia, a donde acude tanta gente todos los días, y en un sector muy concurrido inclusive donde está la Biblioteca pública más importante del Valledupar y el Cesar y también la sede del gobierno departamental, se deberían adoptar extremas medidas de precaución y prevención. Con dispositivos de la policía, acordonar la zona, requisar a familiares y controlar el paso de los peatones, teniendo en cuenta el riesgo que se presenta, en algunos de estos traslados.
Lo sucedido demuestra, a simple vista, que no se están cumpliendo a cabalidad esos protocolos de seguridad. Y, en ese orden de ideas, insistimos que se deben revisar los mismos y se deben extremar esas medidas de prevención y seguridad a la hora de trasladar a estas personas.
Las entidades del Estado están en la obligación de hacer estos operativos con éxito, pero también en el deber de garantizar también la seguridad de abogados, funcionarios de la rama judicial y de la ciudadanía, en general, que debe transitar por el sector.
Sugerimos que, de ser posible, desde el punto de vista jurídico y procedimental, estudiar la posibilidad, en algunos casos, cuando se trata de individuos muy peligrosos, que sean los funcionarios judiciales, los abogados y las partes los que se trasladen a las Cárceles, y allí se realicen todas las diligencias del caso, según las normas vigentes y con el respeto al debido proceso y a las garantías para las partes.
En ese caso no habría riesgos para el ciudadano común y corriente que se expone a que un sujeto de estos, en determinado momento, en un ataque de ira atente contra uno o varios ciudadanos comunes y corrientes. De todas maneras, consideramos que debe haber una mayor seguridad en este sector de la ciudad, donde diariamente transitan miles de personas a realizar distintas diligencias y se exponen a un caso como el del viernes, que fue como de “película” y que puso en evidencia la falta de seguridad en esos operativos y en esa zona, en general. El mismo Palacio de Justicia requiere mayores medidas de previsión y control.
