Desde el 18 de noviembre de 2003 entró en vigencia la Ley 850 que reglamenta las veedurías ciudadanas, como “un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”.
Es la mejor herramienta que tienen los ciudadanos para cuidar lo que es de todos. En ese sentido, EL PILÓN observa con preocupación la disminución de la participación ciudadana en las grandes inversiones realizadas y proyectadas por las alcaldías cesarenses y su administración departamental. El año que termina y el anterior no se perfilaron como vigencias de grandes inversiones, en el entendido de que los gobernantes y sus equipos de trabajo planificaban las obras, y se supone que el 2014 y 2015 serán los dos años de las ejecuciones.
Por eso es muy importante que la ciudadanía participe más en las estrategias de seguimiento y monitoreo que exige toda obra o proyecto, porque finalmente los beneficios o impactos de las ejecuciones los recibe la misma comunidad.
