Una buena noticia económica tienen por estos días los colombianos, y quizás la misma ha pasado desapercibida por el “boom” de la Cumbre de las Américas. Se trata del nuevo estatuto del consumidor, que puede y debe servir como instrumento para la defensa de los actores más débiles de la cadena económica: el consumidor o usuario final de los bienes y servicios.
En buena hora el país cuenta con un nuevo Estatuto del Consumidor, que revisa y actualiza la normatividad en la materia y modifica las relaciones entre productores, comerciantes, proveedores y consumidor final, en una gran variedad de artículos y servicios, algunos de ellos de primera necesidad.
Por iniciativa del inquieto Representante a la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, actual Presidente de esa corporación e hijo del ex presidente Cesar Gaviria Trujillo, hoy el país cuenta con esta nueva ley, que está encaminada a proteger a los consumidores colombianos que muchas veces, en una buena mayoría de los casos, desconocen sus derechos como usuarios y consumidores, situación que favorece la vulnerabilidad de los mismos.
La verdad, monda y lironda, es que en el país no existe una cultura profunda de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Con excepción de la loable y quijotesca tarea que ha hecho ese buen ciudadano, el tolimense, Ariel Armel Arenas, desde la Federación Colombiana de Consumidores y su famoso miniprograma de televisión el Boletín del Consumidor, es poco lo que existe en la materia.
La realidad es que el país ha adolecido de normas, sistemas e instrumentos de protección del consumidor, a diferencia de lo que existe en países como Estados Unidos, donde el ciudadano común y corriente conoce más sus derechos económicos y – en especial- aquellos que tiene como usuario o consumidor.
Esta ley, además de actualizar la normatividad, crea una Red Nacional de Protección al Consumidor, fortalece la función de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), e involucra en el asunto a los Gobernadores y Alcaldes, que tienen bajo su responsabilidad mucho para hacer cumplir lo que establece la nueva ley.
La normatividad habla de garantías post-venta, información oportuna y adecuada, vigilancia de precios y calidad, recepción de quejas y reclamos, y unos términos perentorios para la atención de los mismos. E igualmente fortalece las redes de consumidores y usuarios que hoy existen en el país.
La Ley involucra a todos los sectores de la industria y el comercio, en general, incluyendo, además, los temas de prestación de servicios de salud, educación y hasta los servicios públicos, sin que estos implique que se le quite la competencia sobre estos sectores a las respectivas superintendencias; sino que, por el contrario, fortalece la facultad de supervisión, inspección, control y sanción del Estado en esta materia.
Pero la nueva ley de protección al consumidor, no tendrá los efectos que se buscan si el Estado no se articula para su aplicación y defensa. Es decir, depende del gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, de los gobernadores y alcaldes, como también de los empresarios, principalmente de la industria y el comercio, que la misma se convierta en un instrumento eficiente en la defensa de los derechos económicos de los consumidores y usuarios. En este último sentido, es fundamental la labor pedagógica que pueden y deben realizar los medios de comunicación, para que los colombianos conozcan la norma y avanzar en una nueva cultura de protección de los consumidores.
En próximas ediciones el diario EL PILÓN publicará una serie de notas informativas y explicativas sobre la nueva ley de protección del consumidor, conscientes de que el fomento de los mismos hace parte de la llamada democracia económica, que tanta falta hace en el país y principalmente en las regiones.
