La semana que acaba de pasar estuvo saturada de anuncios hacia un sector de la población, como son los jóvenes. Las instituciones y entidades públicas, cada una por su lado, como bailando ritmos diferentes, se mostraron desesperadas por publicar resultados. ¿Cuál es el afán desmedido de visibilizar? ¿Acaso están caídos en los indicadores y ahora quieren hacer todo a la carrera? ¿Todo eso son solo anuncios?
Mientras por un lado la Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Valledupar anunciaba talleres educativos en colegios oficiales como reacción al aumento de la violencia escolar y discriminación (matoneo), y clausuraba el programa ‘Jóvenes a lo Bien’, que hizo en alianza con el Centro de Aprendizaje del SENA y la Policía Nacional para orientar jóvenes de sectores vulnerables en formación complementaria y técnica que les permita tener una vida útil a la sociedad; por otra parte, la Contraloría Municipal anunció el acompañamiento a denuncias de rectores sobre microtráfico y explotación sexual en instituciones educativas de la capital cesarense. Ni qué decir del Gobierno Departamental que en esta misma semana también anunció el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con el acompañamiento del programa presidencial Colombia Joven en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil -Ley 1622 del 29 de abril de 2013-.
Es cierto que todos estos anuncios son oportunos, siempre y cuando se encuentren inmersos en la respectiva planificación previamente establecida. Pero lo curioso del asunto es que en una semana aparece como si fuera un hecho trascendental que coincidencialmente involucró en el mismo periodo de tiempo a distintas entidades comprometidas con temas que no son nuevos para la sociedad. El matoneo, la violencia, la discriminación y el microtráfico en los colegios, la falta de oportunidad en los sectores vulnerables, la ejecución de políticas nacionales en el territorio cesarense, existen desde hace rato, no es un tema nuevo.
