a formulación de los planes de desarrollo territoriales y la puesta en marcha de las acciones allí plasmadas es sin duda, el elemento cohesionador de mayor impacto en las nuevas administraciones durante el primer año de gobierno. Sin preguntarse si las promesas de campaña se incluyeron en el documento de política pública más importante del momento, la comunidad asume que todo está bien y de esta manera fortalecen la esperanza ante la honrada satisfacción de haber ayudado a elegir al gobernante que faltaba para hacer la diferencia.
Diagnosticar los problemas que expusieron en campaña, proponer soluciones que discutieron en la misma, concertar los objetivos y metas con los representantes de las comunidades, formalizar ante la Asamblea o ante los concejos municipales el Plan de Desarrollo y poner en marcha la maquinaria para ejecutar lo prometido es en resumen lo que se hizo en 2011.
Sin embargo, ya pasó el primer año y las ejecuciones no se muestran. Algo está fallando en el esquema tan pregonado en las campañas, en las cuales cada candidato hacía gala de conocer no solo los problemas de la gente y del territorio, sino también el funcionamiento de la institucionalidad pública, porque son más las excusas que los resultados visibles.
