Una lucha imperceptible para el resto de la sociedad cesarense, han dado los campesinos del departamento, especialmente los asentados en la Serranía de Perijá que pertenecen a las jurisdicciones de los municipios de Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua y Pailitas, con el propósito de recuperar su vida agropecuaria, sus derechos y sus territorios que de alguna manera fueron afectados por la violencia.
El trabajo que se ha hecho desde el Cesar ha sido fundamental para el resto del país. En el año 2010 se formuló e implementó la primera política pública territorial de víctimas en el país, que tuvo sus orígenes en el Cesar y a partir de ahí se creó el Plan Departamental de Retornos y la Mesa Departamental de Tierras, que permitió que entidades como el Programa de Patrimonio y Protección, hoy Unidad de Restitución de Tierras, la Oficina de Paz del Cesar, el Incoder y el PNUD desarrollarán una estrategia de acompañamiento a campesinos víctimas del centro del Cesar.
Esta es una historia que vale la pena recordar, porque la frágil memoria de la comunidad olvida los momentos claves. La restitución de los derechos fundamentales de los campesinos víctimas del conflicto, se fue dando poco a poco y el primer gran paso fue la elaboración de los estudios técnicos para sustraer una franja de reserva forestal, conformada por 74.900 hectáreas, y liderar un programa de titulación de las tierras de las víctimas. Este proceso comenzó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, con el respaldo de un convenio entre el PNUD y el Incoder, entidad esta última que suscribió en el 2012 la Resolución para proteger el proceso de retorno, dar lineamientos para el ordenamiento territorial, ambiental y productivo de la franja de sustracción forestal y favorecer el proceso organizativo de las víctimas.
