Nuevas reflexiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo

Nuevamente debemos referirnos al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos”, presentado por el gobierno nacional a consideración del Congreso de la República, como lo establece la Constitución Nacional y las normas que regulan este importante instrumento de la política económica.
Esta vez el Plan de Desarrollo comprende inversiones por 564 billones de pesos, durante los cuatro años en mención, mientras que en la primera propuesta, que estuvo a consideración del Consejo Nacional de Planeación y otros sectores, fue de 485 billones de pesos. La diferencia en las cifras, que representa un aumento cercano al veinte por ciento de la suma inicial, se debe a los costos estimados para reparar los daños de la ola invernal y la reconstrucción de amplias zonas del país afectadas por la misma.
El Plan contempla como meta de crecimiento económico sostenido de un 6,2 por ciento; habla obviamente de una reducción del desempleo, ojalá a tasas de un solo dígito, es decir un desempleo inferior al 10 por ciento (plantea un 8,5%), y una reducción de la pobreza del 45 al 38 por ciento. Todos estos son objetivos loables, ojalá pudieran ser más ambiciosos.
Y de nuevo tenemos que reiterar varias de nuestras preocupaciones en torno al Plan de Desarrollo, Prosperidad Para Todos, de la administración del Presidente Santos Calderón. En primer término, la poca divulgación que ha tenido el plan, que en los últimos meses fue desplazado de las páginas económicas por los temas relacionados con los daños y los costos de la tragedia invernal.
En segundo término, debemos volver a insistir en que otra vez el país hace una planeación desde el centro para la periferia, pensando desde Bogotá, sin consultar y tener en cuenta las necesidades y requerimientos de las distintas regiones del país. Cuando lo deseable sería, el ejercicio contrario, que la planeación incluyera un ejercicio desde abajo hacia arriba, es decir desde los municipios a la Nación, como una reflexión incluyente y novedosa en la visión del desarrollo económico y social del país.
Sería interesante ver al director de Planeación Nacional, el economista Hernando José Gómez, y al Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry Garzón, conversando con los actores políticos, económicos y sociales, las autoridades y la sociedad civil de los distintos departamentos del país, antes de proyectar un Plan que se supone será la hoja de ruta de nuestra economía en los próximos cuatro años.
Vemos que avanzan a muy poco marcha las famosas locomotoras, nombre dado a los sectores líderes en este Plan. Por ejemplo, en el tema de la vivienda, nada que se logra la separación de los Ministerios de Vivienda y Ambiente, son muy tímidas las propuestas de la señora Ministra, Beatriz Uribe, en un sector que se ha demostrado que tiene una gran capacidad de jalonar otros y de generar mano de obra masiva, de poca calificación y con poca inversión de capital.
En el tema agropecuario, sucede algo similar; sabemos de la capacidad de trabajo del titular de esa cartera, Juan Camilo Restrepo Salazar, pero todo indica que el tema del resarcimiento a quienes perdieron sus tierras de manera violenta le quitará buena parte de su tiempo y esfuerzo, cuando la prioridad, en nuestra opinión, es revisar esa función de producción tan compleja como es la agropecuaria, cuya ecuación involucra no sólo el tema de la tierra, sino también el tema del riego, crédito, vías, mercadeo e investigación agronómica. Esto sin sumar el contratiempo del invierno que trastocó todas las necesidades de este sector tan importante para el país y para nuestra región.
En el tema de la minería, también son confusas las señales dadas por el gobierno. A la propuesta de modificar la propiedad y distribución de las regalías, que es inequitativa para regiones como el Cesar y la Guajira, se suma ahora la indudable debilidad e insuficiencia institucional de un sector tan especializado, complejo y con un gran impacto ambiental como el minero. En este también ha existido confusión de mensajes y se pasó de la idea de un “boom” a una institucionalidad desordenada y que debe ser reorganizada para, a su vez, poderle exigir y vigilar al sector privado, que es el líder del sector, con excepción de Ecopetrol.
En el tema industrial, la planeación es más incierta por cuanto hoy el país no conoce el futuro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, debido a la falta de decisión del gobierno demócrata de Barack Obama, de orientación proteccionista, a diferencia de los gobiernos republicanos más amigos del libre comercio. El futuro del TLC es fundamental para saber si Colombia debe seguir por la senda aperturista, o si ha llegado el momento de mirar instrumentos de fomento al desarrollo interno, endógeno como dicen los técnicos, al estilo de lo que hizo Brasil que por su tamaño le ha dado buenos resultados.
Finalmente, debemos reiterar que la equidad (social y regional) debería ser el objetivo central de este plan de desarrollo. Colombia es un país con una gran inequidad social, la diferencia de ingresos entre sus sectores más pobres y los más pudientes es abismal y –paradójicamente- esto se convierte en una barrera a un mayor crecimiento y a un mayor desarrollo. Lo mismo sucede en el tema territorial, nuestros planes de desarrollo no deben seguir favoreciendo al triangulo de oro: Bogotá-Cali y Medellín, incluyendo la zona cafetera, sino que deben mirar la periferia, y consolidar instrumentos como el Fondo de Compensación Regional, para combatir la inequidad también en este frente. Son muchos los temas pendientes para analizar y discutir sobre esta propuesta y –reiteramos- ha sido cerrada su discusión y esto limita los alcances y la efectividad de la misma.