Manos a la obra

El Gobierno Nacional ha incluido a la vivienda como una de las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos”. Esta semana, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sancionó la Ley 1469, sobre Ley Urbanizable, que consideramos puede servir para resolver uno de los cuellos de botella que afrontaba este sector, como era la limitación de tierras para construir.
Desde el gobierno de Misael Pastrana, cuando se creó el Sistema UPAC, en mayor o menor medida, las distintas administraciones han señalado a la construcción y particularmente la destinada a la vivienda, como un sector líder por su gran capacidad de jalonar a otros sectores industriales y reactivar la economía, además de resolver un problema social enorme que tiene el país como es el déficit de vivienda.
El gobierno del Presidente Santos se ha propuesto la meta de facilitar la construcción de un millón de vivienda, con el fin de contribuir de manera sustancial a reducir ese déficit, cuya cuantía es mayor teniendo en cuenta la calidad de la vivienda de muchas zonas del país.
Esta norma, la Ley 1469 de 2011,  busca subsanar los vacíos de la Ley 1151 de 2007, que estimulaba la construcción de vivienda de interés social mediante macroproyectos, pero que lamentablemente se cayó en la Corte Constitucional por vicios de inconstitucionalidad, ya que se consideró que no tenía en cuenta el papel de los concejos municipales en la política y los planes de uso del suelo y la construcción de vivienda.
Si la nueva legislación logra su objetivo, de dinamizar el suelo destinado a la vivienda, el país habrá dado un paso grande en materia de construcción de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Esto representaría un avance en materia de la política del sector y en la solución, insistimos, de este serio problema social que condena a la pobreza y la marginalidad  a miles de personas.
La construcción mueve el sector de cemento, madera, ladrillo, acabados de construcción, entre muchos otros, y genera empleo masivo y de poca capacitación, como lo ha demostrado el mismo sector en los últimos cuarenta años. Además existen los recursos financieros y el conocimiento para hacerlo, la gran limitación era el tema de suelos.
El acceso a la vivienda significa un camino para mejorar las condiciones económicas, ya que la propiedad facilita el acceso a otro tipo de créditos, como el de negocios independientes y el de educación, lo que representa un cambio sustancial en la calidad de vida de las familias de menores recursos.
Desde estas páginas, hemos insistido en la necesidad de que Valledupar y los demás municipios del Cesar se embarquen en grandes proyectos de vivienda para miles de familias que hoy carecen de ella, y además de solucionar este problema se convierte en un gran dinamizador de la economía de la ciudad y del departamento. Se requiere una articulación con las políticas del  Gobierno Nacional y el respectivo trámite por los concejos municipales, que son un actor importante en este tema y que en la anterior norma no había sido reconocido en su integridad.
La nueva ley de suelos urbanizable, mediante la cual se proponen incorporar 4.000 hectáreas, representará un gran instrumento de política económica y social a disposición de los nuevos alcaldes que resulten elegidos el próximo 30 de octubre, pero, desde ahora, es mucho lo que pueden adelantar los actuales mandatarios. Así que manos a la obra.