Liberaciones y negociaciones de paz

El país vuelve a vivir la buena noticia de la liberación de otro grupo de personas secuestradas por las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A pesar del uso propagandístico que el grupo hace de este proceso, como es usual desde su lógica particular de la lucha subversiva y terrorista; y pese a que se aprovechan de la buena fe de la ex senadora Piedad Córdoba, es una noticia positiva.
Pero, sería una noticia mayor y tendría más significado político si la liberación fuera de todos, de manera inmediata y sin ningún tipo de contraprestaciones. El país y la comunidad internacional interpretaría como un verdadero gesto de paz y un giro a una salida política, un hecho de este tipo, por parte de las FARC.
El país se debe alegrar por la liberación del concejal del Municipio San José del Guaviare, Marcos Baquero, y de las otras cuatro personas que deben ser liberadas en los próximos días. Pero, se debe lamentar que esta vieja agrupación guerrillera persista en la práctica del secuestro como arma de lucha política.
A riesgo de pecar de ilusos, somos partidarios de que este proceso (de liberación) pueda servir, de alguna manera, como el principio de un proceso de paz, como se ha conocido de manera extraoficial, por distintas fuentes.
Y es que a pesar de los avances en materia de seguridad, logrados durante el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, los colombianos debemos comprender que la salida al conflicto armado, tarde o temprano, tiene que pasar por una negociación política. Los hechos demuestran que la guerrilla puede estar acorralada, apertrechada y bastante disminuida, en comparación con su capacidad de perturbación de hace algunos años, pero de allí ha considerarla vencida hay mucho trecho.
Por supuesto, ha hecho bien el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en mantener esa gestión bajo una gran discreción. Y en precisarle al grupo subversivo que se requieren varios prerrequisitos para ambientar una eventual negociación política, como lo advirtió públicamente Santos el lunes de la presente semana.
Ha dicho el primer mandatario de los colombianos, de manera contundente, que para pensar en la posibilidad de diálogo es necesaria una renuncia a los actos terroristas, al narcotráfico, al secuestro y a la extorsión. Y la petición no es un capricho del ciudadano Juan Manuel Santos, sino un sentir de los colombianos ante los sistemáticos fracasos de otros procesos de paz.
En efecto, a pesar de que somos partidarios de una salida negociada a este conflicto que hace décadas afecta al país, no podemos desconocer que la gran mayoría de estos procesos han fracasado. Desde los iniciados en el gobierno de Belisario Betancur, hasta el gestionado durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Pero hay que volverlo a intentar…
El único proceso de negociación que tuvo un final feliz, fue el realizado con el M-19, durante el Gobierno de César Gaviria Trujillo, pero que se había iniciado en el gobierno del Presidente Virgilio Barco. Y a este proceso el místico Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, le piensa poner palos en la rueda, después de tantos años.
Indudablemente que los sectores de extrema derecha del país es opondrán a una nueva negociación de paz, quizás con algunos argumentos válidos, también; pero el deber del gobierno nacional y del Presidente de la República, en particular, es buscar, con la debida prudencia y tino, una eventual negociación previo cumplimiento de los requisitos que el mandatario ha señalado. Con intentarlo, de manera sincera y planeada, la institucionalidad el país no pierde nada, peor si puede ganar mucho en estabilidad política y gobernabilidad.