La violencia y la fragilidad del actual sistema electoral

A pesar de la tranquilidad general, y principalmente en las grandes urbes; la jornada electoral terminó con serios y  graves problemas de violencia, en varias poblaciones del país; en particular en la Costa Atlántica, incluyendo el departamento del Cesar.
En EL Paso Cesar se presentó un muerto y varios heridos; en Chiriguaná también hubo disturbios y destrucción del material electoral y fue necesario proteger la casa de los padres del alcalde electo, Gustavo Aroca Dajil, entre otros desmanes. En Astrea se presentó también una situación tensa, pero la intervención oportuna de la Policía Nacional evitó que la cosa pasara a mayores.
Situaciones similares se presentaron en algunas poblaciones del Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, en todo el país, en 55 poblaciones hubo fenómenos de violencia originados en inconformidad con el proceso electoral.
Sobre este delicado tema, es necesario reiterar nuestro rechazo a la violencia. No se puede permitir que por las vías de hecho se pretenda solucionar litigios que se tienen que resolver con los procedimientos y en las instancias previstas en la ley.
De allí que le asista mucha razón al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, cuando pide la intervención oportuna e inmediata de la Policía Nacional y también del Ejército Nacional, para restablecer el orden. Y la tranquilidad sigue dependiendo de la acción de estas autoridades.
Sin embargo, el mismo Estado, a través del Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, debe garantizar, en las poblaciones donde se han presentado los problemas, que se respetará la voluntad popular y que se atenderán las inquietudes de la población y se resolverán las quejas que se presenten en torno al proceso electoral. Y esto último ha faltado.
Son las instituciones las que tienen que desvirtuar el adagio colombiano: el que escruta elige. Es necesario, igualmente, un llamado a la cordura entre los mismos partidos y dirigentes políticos nacionales, para sus pares regionales y locales, destinado a la militancia en el sentido de acatar la ley, actuar con tranquilidad y tolerancia y acudir a las instancias previstas, con el fin de resolver las quejas y las inquietudes que se han presentado en varias poblaciones del país.
Tan reprochable es la violencia que busca desconocer los resultados, como la violencia que se utilice para legitimarlos, cuando estos son objeto de unas posibles acciones fraudulentas. Lo ocurrido ratifica lo que hemos sostenido varias veces en estas mismas páginas: el país requiere modernizar sustancialmente su sistema electoral, esta es la principal garantía. Lo otro es insistir en la mayor calificación y clasificación de los jurados de votación y los testigos electorales. Ojalá, en cuatro años, cuando las próximas elecciones regionales no tengamos que estar hablando y escribiendo sobre los mismos temas. Hay que recordar que buena parte de la violencia nacional ha nacido de la falta de transparencia de los procesos electorales, es decir de la falta de una democracia real.