La regulación y la vigilancia de la televisión en Colombia

Colombia comenzó a celebrar ya los primeros veinte años de la Constitución de 1991, con una serie de actos académicos, políticos, culturales y sociales, propios de un acontecimiento de esa magnitud.
Dos de las instituciones más novedosas de la  Constitución de 1991 fueron la Junta Directiva del Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión. Paradójicamente, las dos presentan unos balances bien distintos: mientras que se elogian los resultados de la autonomía monetaria encarnada en la Junta Directiva del Banco de la República, la que le ha permitido al país tener una inflación bajo control y de un solo dígito, la Comisión Nacional de Televisión terminó víctima de la politización, la burocracia, la ineficiencia, la mala imagen y el desprestigio.
Para brindar un contexto sobre este tema a nuestros lectores, es necesario recordarles que Colombia venía de un esquema mixto del manejo de la televisión, ya que se trataba de un medio de comunicación que hacía uso de unos canales y unos equipos de carácter público, pero la orientación de los contenidos tanto informativos, como educativos y de entretención, eran determinados por la empresa privada.
Consideraron los constituyentes, en su leal saber y entender, que la televisión como medio de comunicación en Colombia, requería un ente que la regulara, teniendo en cuenta su gran poder político, económico y en materia de información y orientación de la opinión de los colombianos.
Los constituyentes quisieron evitar lo que era tradición en Colombia, que el gobierno de turno manejaba la televisión a su antojo, y entregaba con criterios políticos, por ejemplo, los espacios de los noticieros, y también parte del resto de la programación de los dos principales canales públicos que existían en ese momento.
Tendría la nueva comisión la sagrada labor de desarrollar una política pública de comunicaciones en materia de televisión, regulando el sector y vigilando que este importante medio de comunicación cumpliera con la tres grandes funciones que los teóricos le atribuyen a ese medio: informar y orientar a la opinión, educar y entretener.
Sin embargo, en el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano se decidió privatizar la televisión en Colombia, y posteriormente comenzó un proceso de debilitamiento y desprestigio de la Comisión Nacional de Televisión, que tenía rango constitucional, se acentúo su politización y se llegó a la actual situación de buscar eliminarla de la carta política.
Si bien hay que reconocer que la actual Comisión fue perdiendo legitimidad, precisamente por la ambición de poder que rodea los intereses que tiene que reglamentar, Colombia debe repensar muy bien la facultad constitucional de regular a ese importante medio de comunicación.
En lugar de eliminarla de la Constitución y de llevarla a un rango legal, lo prudente habría sido una revisión de la conformación, las funciones, las tareas, los costos y los recursos de la actual Comisión, con el fin de hacerle los ajustes del caso, mejorar el proceso de selección de su conformación, reducir los costos de su operación, pero sin quitarle su rango constitucional y mucho menos recortar sus funciones de regulación, vigilancia y control de ese poderoso medio de comunicación.
La televisión en Colombia no se puede dejar a merced de los criterios del libre mercado, se requiere fortalecer la televisión pública, en general, y en particular la televisión regional, con el fin de garantizarle a los colombianos una televisión de mejor calidad, pluralista, más democrática y con opciones distintas a las telenovelas de regular calidad y a las series importadas e igualmente de dudosa factura.