Con relativa tranquilidad se realizaron ayer, en las principales ciudades del país, la Marcha Nacional por la Salud, organizada por los gremios médicos, sindicatos del sector, sindicatos de otros sectores y otras organizaciones sociales, voceros de los pacientes y líderes de la comunidad, agobiadas por la grave y compleja crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desde hace varios meses.
Consideramos justificada la movilización, debido al agravamiento de una serie de problemas en el sector de la salud, por motivos bien conocidos y – en parte- por la indolencia de algunos sectores del Estado y dirigentes de las EPS (Empresas Promotoras de Salud), y de algunas IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), que se han aprovechado de fallas del sistema para actuar de manera aislada y egoísta, poniendo en riesgo la sostenibilidad del mismo y la vida de los usuarios, principalmente la gente de menores recursos económicos.
La crisis ha llegado a tal nivel que algunos alcaldes, como también directores de hospitales y clínicas, salieron a apoyar la movilización que busca, en líneas generales, ordenar un sector vital en un Estado de derecho como el que pregonamos tener. Al sistema, en una gran proporción, se lo tomó la ineficiencia, la corrupción y la desidia, ante una instituciones oficiales centralizadas, pequeñas y sin fuerza, como lo acaba de reconocer el saliente Superintendente Nacional de Salud, Conrado Gómez.
Compartimos algunas de las premisas que difundieron los líderes de la marcha nacional: la salud es un derecho, ante todo; la relación médico –paciente debe ser científica y humanística, antes que económica; se debe fortalecer la red pública hospitalaria y se deben reducir los costos y los actores de la intermediación, como lo afirmamos hace algunos días en estas mismas páginas.
El funcionamiento adecuado, eficiente, transparente y sostenible del sistema general de seguridad social en salud es responsabilidad del Estado. Y en ese orden de ideas el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y su ministra Beatriz Londoño, deben intervenir el sector con un plan de choque, antes que sea demasiado tarde y el sistema colapse del todo, como amenaza con hacerlo.
Ojalá esta vez sí, teniendo en cuenta el éxito de la marcha y el anuncio de más movilizaciones similares, sea atendidas las quejas de los médicos, de los sectores sociales y de las comunidades más afectadas por la crisis de la salud. Los problemas financieros y administrativos, reiteramos, amenazan con afectar aún más la calidad de la atención y de los servicios médicos en distintas zonas del país, por lo que se requiere una revisión a fondo, seria, integral y con una nueva perspectiva de política social y no de negocio con ánimo de lucro como viene primando hasta ahora, en una mala interpretación de la Ley 100 de 1993 y del resto de la normatividad vigente.
