La Constitución Nacional en sus Artículo 67, 68 y 69 dice que la educación es un derecho y servicio público que tiene la función social de garantizar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes de la cultura, correspondiéndole al Estado (Nación y entidades territoriales) regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia en su aplicación, con el fin de velar por su calidad, cumplimiento de sus fines, mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, con el adecuado cubrimiento del servicio y las mejores condiciones para el acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Ley 30 de 1992 reglamenta el Sistema de Educación Superior, determina la autonomía universitaria y el régimen especial para fortalecer la investigación científica para el desarrollo. La Ley 115 de 1994 determina que la dirección, financiación y administración de los servicios estatales son esenciales para garantizar el cumplimiento del servicio público de la educación. Frente a las expectativas de desarrollo y bienestar integral, la educación formal, se imparte en establecimientos aprobados en ciclos lectivos, con pautas curriculares, conducentes a grados y títulos.
El departamento del Cesar vive una crisis de calidad educativa de todo orden, lo que se prueba con la precaria calidad ciudadana, el bajo nivel de formación de los bachilleres y el regular acceso de nuestros profesionales al mercado laboral de acuerdo con sus competencias y también por la crisis moral y formativa de los docentes. Todo ello requiere urgente concertación de Gobiernos, Gremios y Academia para repensar la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media.
