Jugando con candela

Dicen algunos teóricos del derecho que la costumbre hace ley. Eso pareciera ser lo que está sucediendo con la venta ilegal de combustibles en el municipio vecino de La Paz, que cada día ve crecer el número de familias dedicadas a esta actividad.
Y lo más grave es que lo mismo está sucediendo en muchos barrios periféricos de Valledupar, a la vista de todo el mundo y nadie hace nada…
El tema es un asunto complejo e involucra a varias partes: al gobierno nacional, a los gobiernos locales, a la Policía, a los comerciantes legales e ilegales, a los transportadores y a los usuarios finales que compran estos combustibles.
En primer lugar, decimos que al gobierno nacional por una política de combustibles que encarece los mismos y está diseñada de espaladas a los bolsillos de los dueños de vehículos,  y principalmente de los ubicados en  las regiones más apartadas, teniendo en cuenta que los precios finales de la gasolina en el país, como también de otros combustibles, son – en un buen porcentaje- impuestos para Ecopetrol, el Ministerio de Minas y otros organismos oficiales.
Esa política es una política que estimula el contrabando de combustibles desde Venezuela hacia Colombia.  Desde estas mismas páginas hemos insistido, en varias oportunidades, en la necesidad de que el Estado colombiano tenga una política de combustibles especial para las zonas fronterizas como el Cesar y la Guajira, que tenga en cuenta el bolsillo de los usuarios y también las finanzas territoriales. El problema no se puede resolver sólo con fuerza y dejándolo en manos de la Policía Nacional. En el fondo es un asunto económico…
Y la solución de fondo deberá ser una prioridad del nuevo gobernador, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien así lo ha manifestado, tanto en campaña como luego de elegido. Se requiere una política de precios de combustibles especial para esta zona del país, que sea realista y utilice la cercanía de Venezuela para beneficiar a transportadores y usuarios.
No obstante, mientras eso sucede, se requieren intensificar los controles al transporte y contrabando de combustibles, en el departamento del Cesar. No hay derecho a que la población de La Paz sea hoy una verdadera bomba de tiempo por cuenta de este negocio ilegal. Reconocemos que es una fuente de ingresos para muchas familias que no tendrían otra opción de empleo e ingresos, pero el riesgo que en que están viviendo no se justifica ante las ganancias del negocio.
Y en Valledupar, debemos reiterarlo, está pasando algo similar a lo de La Paz. Cada vez es mayor el número de casas en los barrios periféricos y hasta en el centro y otras zonas residenciales, donde venden gasolina de contrabando.
Se requiere, de inmediato, por lo menos contar con un mejor cuerpo de bomberos y una mayor concientización entre vendedores y usuarios de tener, por lo menos un mayor cuidado en el manejo de este combustible, tanto en La Paz como en Valledupar.  Por lo pronto,  y mientras se expide esa nueva política que desestimule el transporte y contrabando del combustible ilegal, todos, absolutamente todos: autoridades, comerciantes, transportadores  y ciudadanía, en general, seguiremos jugando con candela.