Las cárceles de Valledupar siguen con semáforo en rojo. No han podido superar las crisis de hacinamiento, de condiciones inhumanas para albergar a los reclusos, de irregularidades en el trato que reciben y todos los vejámenes que ocurren en el interior de los centros de reclusión. El diagnóstico de la Cárcel Judicial y la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar es el mismo de hace una década, no ha cambiado en nada el panorama y no surten efecto los controles y el seguimiento que hacen con buena intención, el Ministerio Público, las ONG nacionales e internacionales, que han sido testigos de las promesas del Gobierno Nacional para mejorar la situación carcelaria.
El revuelo mediático a nivel nacional que se originó con la aprobación y sanción del nuevo Código Penitenciario, que entre otras cosas no era la solución al hacinamiento, pero sí la puerta para iniciar la transformación de las cárceles, quedó en anuncios. La Judicial de Valledupar es una prueba de ello, debido a que no han logrado descongestionarla y por lo tanto, los hombres y mujeres ahí recluidos siguen padeciendo por las malas condiciones en que deben pagar sus condenas o esperar a que les decidan su futuro jurídico, en el caso de los sindicados.
En las cárceles colombianas hay más de 120 mil presos, con un hacinamiento del 59 por ciento, y de esta cifra más de 40 mil son sindicados, situación que hace que los derechos humanos sean más vulnerados. La fotografía nacional se refleja en la Cárcel Judicial de Valledupar, donde a comienzos de año había un hacinamiento del 400 por ciento, y aunque han hecho traslados, la situación sigue igual. Hoy presentamos un informe sobre las conclusiones de la visita de una ONG francesa a la ciudad con el fin de conocer las condiciones de los presos en los dos centros carcelarios y los conceptos de la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo.
