La mala prestación del servicio de salud es un problema nacional, que ya ha echado raíces y ha penetrado el corazón de las entidades que deben velar por la protección de los derechos humanos de la comunidad. La gente se muere esperando que una EPS (entidad prestadora de salud), bien sea del régimen contributivo o del subsidiado, emita una orden de traslado a una clínica de mayor nivel, o aprueba la solicitud de un examen o un medicamente no incluido en el Plan Obligatorio de Salud –POS-.
La actitud de los organismos de control y de los entes creados para tal fin, como la Superintendencia de Salud, es permisiva y dadivosa con las EPS. Les da lo mismo que una persona muera antes de llegar las órdenes para los exámenes, la cirugía o el traslado. En el país, cada mes se contabilizan más de 15 tutelas que buscan la reivindicación de los derechos de un paciente y en el Cesar esa cifra también es alta.
