En la UPC: Sí a la protesta, no al paro

Ha crecido en los últimos días el malestar en la población universitaria, principalmente del sector público, por la propuesta del gobierno de reforma a la educación superior, específicamente a la ley 30 de 1992, que se expidió luego de aprobada la Constitución de 1991, donde se estableció un régimen amplio de libertad y autonomía para las universidades en Colombia.
El gobierno, y en particular la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha tratado de socializar y defender el proyecto de reforma. Sin embargo, consideramos que se ha dejado sola a la Ministra en la defensa de un proyecto que debería ser apoyado por el rector de la Universidad Nacional y de las principales universidades públicas del país y por el estado como un todo, en este frente deberían estar el ICFES, el Icetex y Colciencias.
Uno de los aspectos buenos del hecho de haber presentado el proyecto es que despertó al movimiento estudiantil sobre un tema trascendental para ellos y para el futuro del país: la educación superior. Los estudiantes estaban aletargados y acomodados a una situación de capacitarse para salir a competir y sobrevivir en el mundo laboral. En buena hora este despertar…
Y que bueno que se preocupen no sólo del tema de la educación superior, sino también sobre otras políticas públicas como la crisis de la salud, la distribución de tierras y la ley de víctimas, entre otros.
Consideramos necesario que el gobierno escuche con atención a los estudiantes, en los escenarios académicos, en foros y – lógicamente – en el Congreso de la República. Pero vemos necesarios realizar foros públicos, regionales y locales, sobre el proyecto y – en general- sobre el futuro de la educación superior. El debate apenas comienza.
Igualmente, es necesario que se escuche con atención la voz de los directivos y profesores y obviamente de los egresados, quienes tienen mucho que aportar en esta discusión.
En el debate ha faltada la opinión del sector privado, de los empleadores de buena parte de los egresados de las universidades y del resto de instituciones del sector.
El debate apenas comienza y debe darse a fondo, de manera amplia y democrática, insistimos, sobre los temas de financiación de la educación pública, acceso a la misma, calidad y pertinencia, entre otros temas. Adicionalmente, sería bueno conocer los modelos de Europa, Estados Unidos y países de América Latina, como el caso de Brasil, cuya calidad en materia de educación superior es ampliamente conocida. No quedarnos, como siempre, mirándonos el ombligo…
También los estudiantes de la Universidad Popular de Cesar (UPC), se han metido en el debate y las protestas, en defensa de la universidad pública y en particular de las de provincia, que no tienen, hoy por hoy, las mejores condiciones financieras, en comparación con las de Bogotá, las de Antioquia y Valle, principalmente.
Es válida la protesta, y la discusión sobre las universidades públicas de provincia, que son un elemento fundamental en la democratización de la educación y la formación; pero no es bueno que con motivo de la protesta, se pierdan clases y se arriesgue el semestre que está en curso. A nuestro juicio, es conveniente la votación que se ha iniciado para dirimir democráticamente la controversia, pero advertimos que la protesta se puede hacer si que se suspendan las labores académicas que tienen un costo para el estado y también para los estudiantes y sus familias.