Nuevamente vuelve a ser noticia el proyecto de reforma a la educación superior, luego que el gobierno, después de una reunión con los integrantes de la Unidad Nacional, decidiera eliminar lo correspondiente a las universidades con ánimo de lucro, que buscaba estimular la inversión privada en ese sector.
Logrado este acuerdo político sobre la iniciativa, las cosas se han presentado como si ya el proyecto fuera ley de la República y el asunto estuviera terminado, cuando la situación es bien distinta.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que recientemente visitó a Chile, pudo allí constatar directamente la gran inconformidad que vive la población de ese país, principalmente la juventud, por una educación que está fundamentalmente en manos del sector privado, que tiene, lógicamente, unos fines y una filosofía bien distinta a la del sector público.
En primer lugar, queremos volver a insistir en que a la iniciativa le ha faltado más debate, y principalmente en las regiones, donde curiosamente están los mayores problemas que hoy afronta la educación superior de Colombia.
En segundo término es necesario precisar los alcances de la misma en términos de cobertura, pertinencia, calidad y su relación con el mundo laboral y con la visión del concepto de educación a mediano y largo plazo.
Otro aspecto bien importante es el tema de la inversión pública en la educación. Consideramos que el eje del proyecto debe ser el fortalecimiento de la educación pública, y específicamente en las universidades del Estado, que deberían funcionar de manera articulada y coordinada, lo que permitiría muchas economías de escala y trabajos académicos y de investigación, compartiendo sinergias y otros aspectos positivos.
Los estímulos que se le den al sector privado para invertir en la educación superior no deben ser a costa de la disminución de la inversión pública, ni de desconocer la gran responsabilidad que tiene el Estado en el tema, principalmente en las tareas de financiación, regulación, inspección, vigilancia y control.
En este sentido es necesario reiterar que la educación no debe ser vista como un negocio, como una mercancía, sino – por el contrario- como un asunto de la mayor importancia que estaría por encima hasta del concepto de servicio público.
Consideramos que a partir de la Constitución de 1991, que consagró la autonomía universitaria, se ha establecido una legislación muy laxa que ha permitido la explosión de universidades y otras instituciones de educación superior de regular o dudosa calidad. Se ha desvirtuado el espíritu de los constituyentes que, en este sentido, lo que buscaban era una mayor democratización y pluralismo del conocimiento en el país.
Otro eje de la reforma debe ser el tema de la calidad, entendida esta en un concepto profundo e integral, a partir de los estándares de las mejores universidades de Europa, Estados Unidos y Asia, en materia de matemáticas, ciencias exactas, capacidad de comprensión de lectura, ciencias sociales, bilingüismo e investigación.
Es importante tener en cuenta las necesidades y las sugerencias del sector productivo, de los empleadores, pero más allá de la pertinencia entre educación y mundo laboral, tarea que debe ser intermediada por el Estado de manera directa, la educación se debe ver de una manera integral, educación para la vida, educación para formar ciudadanos honestos, responsables y con compromiso frente al país.
La educación superior debe ser vista como un instrumento de formación y conservación de la identidad nacional, de la cultura nacional, que no exagere la importancia de las nuevas tecnologías y que estar muy atentos a los fenómenos de la globalización, que en materia cultural pueden terminas en nuevas y desconocidas formas de colonialismo.
El sistema de financiación de la educación superior para los sectores más pobres, debe ser resuelto con créditos de fomento, de verdad módicos y baratos que garanticen unas condiciones de acceso y que no se conviertan en nuevas formas de reproducción de la pobreza, como han advertido algunos expertos frente al ejemplo de Chile.
Capítulo aparte nos merece el tema de la educación técnica y tecnológica, en el cual consideramos que el país debe observar modelos como el alemán o el japonés, en donde el trípode: Estado, universidades y empresa privada, ha dado buenos frutos en materia de calidad, eficiencia y productividad. En fin, el debate de la reforma apenas comienza y en el mismo es mucho lo que tienen que aportar, también, las universidades de provincia, tanto las públicas como las privadas.
