Definitivamente Colombia es un país muy particular, que pareciera estar destinado a vivir de escándalo en escándalo. En efecto, no se ha terminado de reflexionar sobre la grave crisis por la tristemente célebre reforma de la justicia, cuando se conoce otra noticia muy preocupante: una red de corrupción que involucra a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a particulares expertos en alterar resultados electorales, con ocasión de las elecciones para la Gobernación del Valle del Cauca.
Según la información de la Policía y la Fiscalía se pudo desmontar y prevenir un fraude que estaba perfectamente planeado con equipos de sistemas, personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, contactos entre jurados y testigos electorales, dinero en efectivo y toda la logística para favorecer Francisned Cano, candidato del MIO a la gobernación de ese departamento, partido político del polémico y cuestionado Senador, Juan Carlos Martínez, quien había salido de la cárcel, curiosamente, cinco días antes de las elecciones atípicas.
El hecho es de una magnitud tremenda y vuelve a poner en el ojo del huracán a una institución que tiene la sagrada misión de velar por la transparencia del voto en todo el país. ¿La pregunta que queda entre la ciudadanía es cuántas veces han actuado este tipo de redes?, ¿Esto ha sucedido en otras elecciones atípicas regionales?, y – lo más importante- ¿cuándo va a reaccionar el Estado y el país para tener un sistema electoral moderno, que ofrezca una mayor confianza a todos los colombianos y que no esté cuestionado, como el que tenemos.
Sobre estas personas y este partido político, el MIO, que acá en Valledupar y el Cesar ha avalado a muchos candidatos, debería recaer todo el peso de la ley. En este caso no es creíble la versión del candidato Cano que todo fue a sus espaldas, cuando está involucrada la Secretaria de ese Partido, María del Pilar Yangana, y otras personas cercanas a su aspiración. Aunque se trata de un caso ocurrido lejos de nuestra región, lo importante es que se trata de una institución nacional que debe tener toda la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía en general.
No hay derecho a que siga haciendo carrera la famosa venta de estos paquetes de sistemas que por algunos miles de millones de pesos garantizan un triunfo de una persona, a estas altas dignidades.
El país no puede seguir con una entidad en entredicho como la Registraduría Nacional, lo ocurrido en el Valle del Cauca amerita un pronunciamiento contundente del Registrador Nacional y acciones inmediatas del Gobierno y del Congreso de la República para una revisión y reforma a fondo del sistema electoral.
En particular, el gobierno del Presidente Santos está a tiempo de adelantar una tarea con la cual si puede pasar a la historia, merecidamente, como sería la modernización y tecnificación de nuestro sistema electoral, cuando estamos a dos años de elegir nuevos dignatarios para el Congreso de la República y – eventualmente- Presidente de la República.
Pero también, se trata de la necesidad de modernizar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su conjunto, que tiene la tarea de llevar la identidad de los colombianos y cuyo alcance afecta tantos frentes como el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el sistema de pensiones, y el sistema judicial, entre otros.
