Hace ocho días los vallenatos que transitaron por el antiguo edificio de la Caja Agraria observaron a un grupo de personas encadenadas a las rejas que protegen dicha edificación, las que además tenían cintas en sus bocas. Con este simbolismo querían llamar la atención de las más de cincuenta instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – para que le dieran cumplimiento a las medidas a que tienen derecho como familias desplazadas. Este es un ejemplo de lo que tienen que hacer los ciudadanos para que les respeten sus derechos.
El Cesar refleja lo que sucede en toda Colombia. Es usual, y ya casi que es aceptado como cotidiano, que una persona deba interponer una tutela para poder tener acceso a los servicios de salud a los que tiene derecho. La ciudadanía reclama mejores servicios públicos, más seguridad, más transparencia de parte de los funcionarios públicos, del sistema de justicia y en general de todo el sistema estatal. El país ha dado pasos importantes para garantizar los derechos humanos de los colombianos, existe el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y hace poco menos de quince días el Presidente Juan Manuel Santos recibió la noticia de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le indicaba que excluyeron de nuevo a Colombia de la lista de países en los que no se protegen las libertades y garantías fundamentales.
A pesar de ello, la realidad es otra. Esta semana el país se sorprendió con el suicidio de un joven homosexual que tomó tal decisión, según las cartas que dejó, por la presión de las directivas de su colegio por su condición sexual. En Valledupar la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal tienen numerosas solicitudes diarias de acompañamiento para el cumplimiento de los derechos, pues son las entidades en las que más confía la gente.
