Cuando la sal se corrompe

La Auditoría General de la República, una entidad poco conocida en el país, encargada de vigilar a las Contralorías, acaba de publicar una investigación sobre la Contraloría General de la República, que demuestra la crisis por la que pasa ese organismo y – en general- el control fiscal en Colombia.
Según el organismo, que debe vigilar y controlar a los entes encargados del Control Fiscal, es bajísimo el porcentaje de recuperación de los recursos públicos objeto de posible detrimento patrimonial. En líneas generales por cada mil pesos objeto de control sólo se alcanzan a recuperar ocho pesos, es decir el 0,8 por mil; prácticamente nada…
Dice el informe de la Auditoría General, que la CGR dejó prescribir unos 157 procesos, a través de los cuales se habrían dejado de recuperar unos setenta y siete mil millones de pesos. Denuncia una gran nómina paralela y una serie de contratos costosísimos durante la gestión de Julio Cesar Turbay Quintero, al frente del organismo.
Según la Auditoría, Turbay – entre el 2007 y el 2010 suscribió más de 5.800 contratos por un valor superior a los 127 mil millones, la mitad, aproximadamente, de prestación de servicios, por un valor superior a los 53 mil millones de pesos.
De otra parte, el país ha conocido con asombro e indignación la forma en que Turbay Quintero manejaba los recursos de la entidad, como si fueran plata de una tienda, para adecuar vehículos con  lujos y comodidades que hoy representan tal ostentación que la actual Contralor General, Sandra Morrelli, ha decidido no usarlos por considerarlos injustificados y estrambóticos…
Es evidente que la Contraloría General de la República retrocedió durante la administración de Turbay Quintero, luego del proceso de modernización que había vivido bajo la época de Carlos Ossa Escobar y Antonio Hernández Gamarra, cuya gestión fue reconocida y elogiada por el propio Presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, en un acto público en Cartagena.
La gestión de Turbay Quintero pasó con más pena que gloria. El país no recuerda ningún debate profundo de Turbay sobre las políticas y la gestión de Álvaro Uribe Vélez, por el contrario fue poco crítico del ejecutivo y no gestionó la reforma legal al proceso de responsabilidad fiscal, como se lo había prometido al país.
Los hallazgos de la Auditoría General lo que hacen es confirmar lo que hemos dicho en estas mismas páginas, sobre la crisis que afronta el control a la gestión fiscal en el país.  Ante esta situación, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos debe proponer, luego de un proceso de profunda reflexión, con  la participación de expertos y los mismos ex contralores, un debate amplio y abierto sobre la efectividad del actual sistema de control fiscal.
Insistimos que el problema ya tiene sus años: durante mucho tiempo Colombia tuvo un control fiscal previo, que propició fenómenos de coadministración y corrupción, cuando en la administración pública era más importante, la mayoría de las veces, la firma del auditor de la Contraloría General que la de los mismos gerentes, presidentes y directores de entidades públicas.
A partir de la Constitución de 1991, el país adoptó un proceso de control fiscal posterior y selectivo; para el caso de la Nación fundamentado en la Contraloría General de la República, que tiene la gran y sagrada misión de vigilar la gestión fiscal de la administración y de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. Hoy la Constitución también permite que esa vigilancia la puedan ejercer empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
Se requiere, a su vez, una reforma legal, general e integral, al proceso de responsabilidad fiscal que hoy es ineficiente y costoso, en la medida en que no distingue la cuantía del daño fiscal.
El país está en mora de adelantarlo con el fin de hacerlo más expedito y eficiente, no como sucede actualmente que el proceso es independiente de la magnitud del daño. Se debe tasar el mismo y los de menor cuantía deben ser más rápidos y – en ambos casos-  la sanción debe ser ejemplar en la lucha contra el monstruo de la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro.
El país también debe repensar el control fiscal territorial, comenzando por el origen y el proceso de elección de los contralores departamentales y municipales, cuyos resultados en materia de control brillan por su ausencia.
Los colombianos, la sociedad civil, las veedurías cívicas, los contribuyentes  y  la ciudadanía, en general, tienen el derecho a esperar una gestión del Estado efectiva, responsable y transparente, y que el manejo de los recursos públicos sea objeto de una adecuada vigilancia.