Un aspecto de particular relievancia por sus connotaciones del proyecto de ley de regalías aprobado por el Congreso de la República en primer debate es el atinente a los parámetros que se establecen para la distribución tanto de los recursos del Fondo de Compensación Regional (FCR) como los del Fondo De Desarrollo Regional (FDR).
A este respecto bien vale la pena citar el estudio adelantado por el ex contralor Antonio Hernández y cuyas observaciones mueven a la preocupación. Aunque en la ponencia se trata de corregir la selección adversa a la que darían lugar los parámetros establecidos y proponen una fórmula mucho más compleja para efectos de la distribución de los recursos de uno y otro Fondo, siguen siendo válidos los reparos del ex contralor. Como lo afirma él, refiriéndose a los recursos del FDR “al distribuirse el 70% de los recursos en proporción a la población se privilegian a los departamentos más poblados, incluida Bogotá que para los fines de la ley tiene la categoría de Departamento”. Es decir que esta resultaría premiada en detrimento de las entidades territoriales más necesitadas. Ello es grave, pues además de injusto es contrario a lo que supuestamente se busca tanto con el Acto legislativo como con la Ley.
Este enfoque, además, riñe con el propósito planteado en el Plan de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” en procura de la “igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego”, pues no se puede nivelar la cancha a menos que se propenda por corregir y compensar también la desigualdad de trayectorias, única forma de que la igualdad de oportunidades tenga sentido. Por ello, nos parece muy puesta en razón la recomendación del ex contralor, en el sentido que en la Ley deberían quedar establecidas “unas prioridades para asignar los recursos y para que a partir de ellas se fijen los criterios para su distribución territorial…Se trataría de que la Ley fije las prioridades pero no porcentajes fijos asignados a las mismas”.
Es de advertir que el FCR, como quedó plasmado tanto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la cual se expidió por el Congreso de la República a instancias del ejecutivo, como en el Acto legislativo, desvirtó totalmente el sentido de la propuesta de su creación, la cual partió de la región Caribe. Galvis y Meisel, principales artífices de la misma fueron enfáticos al señalar al respecto que “la idea es que se logre una distribución más equitativa de los recursos del fisco nacional y que dichos recursos se inviertan con eficacia para lograr que las zonas periféricas del país converjan con el centro andino, donde tradicionalmente se ha concentrado el desarrollo económico nacional”. Es decir, de lo que se trataba era de desconcentrar recursos del fisco nacional e invertirlos en el propósito de lograr la convergencia interregional que no pudo lograrse a través del SGP. Y no echando mano de los recursos de las propias regiones simulando darles con una mano lo que le quitan con la otra.
Y para empeorar las cosas, en la Ponencia se suprimió el parágrafo del artículo 35 del Proyecto de Ley, el cual le daba una especie de salvavidas a las regiones más deprimidas del país al establecer que “en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 9 del artículo 361 de la Constitución Política, las zonas costeras, fronterizas y de periferia participarán como mínimo en un 50% de los recursos de este Fondo”, refiriéndose al FCR. Ello llama poderosamente la atención, no se sabe con qué propósito se borró de un plumazo.
*Amylkar D. Acosta M
