En los últimos días se ha presentado en el país un nuevo debate sobre la pobreza, la riqueza y los impuestos. Lamentablemente, estos debates se han dado de una manera un poco cantinflesca, sobre temas que – por el contrario- deberían tener un análisis reposado, serio y detenido, teniendo en cuenta su trascendencia en la definición de políticas públicas que afectan las finanzas del Estado y a amplios sectores de la población.
Lo cierto es que el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), ha iniciado la aplicación de unas nuevas líneas de definición de la pobreza y la indigencia, medidas por ingresos, con la cual, en teoría, en valores absolutos el número de pobres y de indigentes en el país se reduce sustancialmente.
En efecto, con las nuevas líneas de pobreza por ingresos, que se estableció en 188 mil pesos mensuales por persona, aproximadamente; es decir, que un hogar compuesto por cuatro personas tiene ingresos netos superiores a los 800 mil pesos, ya no sería considerado como pobre. Y en 87.670 la línea de indigencia por persona mes.
Con esas cifras, la pobreza bajaría al 37 por ciento, y la indigencia a un 12,2 por ciento. Ambos indicadores inferiores, significativamente, a los anteriores.
La falta de una adecuada divulgación y explicación del tema ha generado que los mismos fueran tomados a la ligera. Cuando la obligación de los funcionarios públicos y asesores expertos en el tema era explicar las razones del cambio y los criterios técnicos de la nueva metodología.
Esa explicación debió darse ante los empresarios, sindicalistas, economistas, sociólogos y demás expertos, estudiosos de los temas de pobreza, teniendo en cuenta que esos montos, más allá del carácter anecdótico de los datos, son fundamentales para definir el acceso a subsidios y a varios programas sociales del Estado.
