Un buen regalo de Reyes es el que el gobierno nacional le ha entregado a los colombianos, con el decreto-ley que busca eliminar algunos trámites, reducir unos y racionalizar otros, en desarrollo de la reglamentación de la Ley Anticorrupción.
En efecto, es una buena noticia anunciar que se suspende el certificado judicial, las autenticaciones, se racionaliza la necesidad de la huella dactilar, se reducen también el papeleo para acceder a los servicios de salud, entre muchos otros trámites.
En realidad, los colombianos, pasivos por idiosincrasia, nos hemos acostumbrados a los trámites oficiales y hasta privados como los bancarios, y si no vemos la firma y los sellos en los documentos no les damos su validez.
En buena hora, esta decisión del gobierno nacional. Se trata, que dudas cabe, de una buena noticia, todo lo que vaya encaminado a simplificar la vida del ciudadano de a pie, el hombre de la calle del que hablara ese maestro de periodistas como es José Salgar.
Sin embargo, debemos advertir que no es la primera vez que se expiden, desde el alto gobierno, normas encaminadas a eliminar, reducir y racionalizar trámites. Pero, no obstante, en los mandos medios persiste la cultura de exigir requisitos y papeles a la hora de hacer trámites oficiales, como también trámites ante entidades privadas, por ejemplo, las Empresa Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. En este caso la alternativa de los ciudadanos ha sido la tutela.
Por lo tanto, consideramos que todos los cambios contemplados en este decreto ley antitrámites amerita una suficiente divulgación y socialización, como se dice ahora, a todos los niveles de la administración pública y ojalá sea acatada a cabalidad, en beneficio de los ciudadanos.
Muchos de estos trámites, como bien lo han comprendido el legislador y el ejecutivo, lo único que logran es amargarle la vida al ciudadano y – adicionalmente- propiciar fenómenos de corrupción, que es lo que, en últimas, busca evitar la norma expedida.
El gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Oficina Asesora para la Modernización del Estado sigan en este largo proceso de desmontar trámites inoficiosos.
También en el mundo de las empresas existen muchos trámites que no se justifican y que sólo entorpecen el proceso de creación de y operación de las mismas. En la misma DIAN, en las distintas superintendencias, etc, existen muchos trámites que se deben revisar para evaluar su desmonte con el fin de facilitar los procesos a los empresarios, como lo han señalado distintos documentos sobre la competitividad de la economía nacional. Bienvenidas las normas anti-trámites y esperamos que el desmonte de otras continúen en beneficio de los ciudadanos y los empresarios.
Buenas nuevas para el hombre de la calle
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