Durante mucho tiempo se adujo que las concesiones eran una de las principales causas de la crisis financiera del municipio de Valledupar. En la pasada campaña para la Alcaldía, el actual mandatario Freddys Socarrás Reales, se comprometió a revisarlas para evaluar su situación y perspectivas, teniendo en cuenta, principalmente, los más altos intereses de la ciudad.
Antes de comentar la decisión de la actual administración municipal, es bueno tener en cuenta que las concesiones son una modalidad de contrato entre el Estado y los particulares, muy usada en la administración pública moderna; claro está, no son ni buena ni malas, per se, sino que dependen del contexto económico en que se firmen y se proyecten y de las condiciones particulares de la negociación.
En el caso de la Concesión de Tránsito, firmada entre el Municipio de Valledupar y la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito de Valledupar (U.T. SIT. Valledupar), desde un momento generó suspicacia por múltiples razones; entre estas, siendo un negocio aparentemente lucrativo sólo se presentó un proponente y la Unión Temporal fue conformada por las tres empresas que participaron como posibles oferentes, lo cual dejó muchas dudas sobre la transparencia del proceso y el posible direccionamiento del mismo, como lo acaba de denunciar el actual director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez.
Además, por medio de la interventoría realizada al contrato se encontró una serie de hallazgos, como lo llaman los auditores, al contrato en mención, perjudiciales para las finanzas del municipio de Valledupar. Entre otros: incumplimientos en el pago de algunos impuestos, la no habilitación del Centro de Atención al Usuario, la cesión del contrato a otra firma, lo que se puede considerar un abandono del contrato, entre otras irregularidades explicadas y sustentadas por la actual administración municipal.
Con esta decisión, el Alcalde Socarrás Reales, ha cumplido con lo que prometió en campaña; ahora falta, igualmente, evaluar las otras concesiones y – luego de ese proceso- explicar a la ciudadanía la situación de las mismas y si se justifica, en cada caso, mantenerlas o no.
Valledupar no puede darse el lujo de mantener unas concesiones si estas no se justifican y van en detrimento de los intereses actuales y futuros de la ciudad, desde el punto de vista económico y jurídico. Están en juego son los intereses y las finanzas de la ciudad que no están en su mejor momento. Insistimos, es necesario evaluar las otras concesiones y – de cara a la ciudadanía- explicar si estas se justifican o no?.
Y a propósito de las finanzas de la ciudad, se ha conocido por medio del Concejo de la ciudad, y de manera extraoficial, sobre la posibilidad que Valledupar, entre – eventualmente- a la Ley 550, más conocida popularmente como la ley de quiebras. Esta es una decisión que se debe sopesar con cuidado, evaluando sus consecuencias jurídicas, económicas y financieras, por cuanto, como todo en el mundo económico, tiene sus costos, sus riesgos y sus beneficios. Esa debería ser una última opción, pero sólo luego de revisar el tema de las concesiones y acudir a estimular la tributación de la ciudad, donde consideramos que hay un amplio margen de gestión y de consecución de recursos nuevos que pueden ayudar a financiar las necesidades más apremiantes de la ciudad.
