El país se prepara para realizar la revisión e incremento del salario mínimo legal mensual vigente, por medio de la Comisión Nacional de Concertación Salarial y Laboral que se reúne mañana en Bogotá y en la cual tienen asiento, por disposición constitucional y legal, el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores.
Esas negociaciones, como es natural, generan una gran expectativa en todo el país, por cuanto se estima que más de cuatro millones de personas devengan el salario mínimo legal, hoy en $535.600 pesos.
En esta oportunidad, mientras los empresarios ofrecen un reajuste del orden del 4,75 por ciento, las centrales obreras han pedido un aumento del 8 por ciento, y también de la misma magnitud un incremento del auxilio de transporte, que hoy está en $63.000; esta vez la diferencia entre ambas partes no es mucha y por lo tanto creemos que hay mucho margen para fijarlo de manera concertada.
La revisión del salario mínimo legal no se debe mirar como un hecho aislado, sino que, por el contrario, debe hacer parte de una política general de precios y salarios que debe propender por conservar y mejorar la capacidad de compra de los empleados y trabajadores del país, teniendo en cuenta, en primer lugar, el bienestar de estos, el tema de la inflación y también las tarifas de los servicios públicos, y de otros servicios sociales como salud, educación y vivienda.
La política de salarios no puede estar aislada de esa política de subsidios y debe propender por buscar una mayor equidad y justicia social.
Sin embargo, el reajuste también debe mirar el otro lado de la moneda: el impacto del salario mínimo en la generación de empleo y en los costos de la gran mayoría de las empresas del país y su disposición en materia de competitividad en una economía internacional cada vez más compleja y competitiva.
Desde estas páginas hemos considerado viable un equilibrio entre mejorar un poco la capacidad de compra de los trabajadores, pero sin afectar la economía de las empresas, principalmente de las medianas y pequeñas que son la gran mayoría de las del país y que tienen que competir con importaciones muy baratas, principalmente procedentes de la China, o competir en el mercado internacional, en el caso de las exportadoras, con productos iguales o más baratos que los nuestros y de una calidad similar.
No es un dilema fácil, pero el gobierno debe buscar, hasta el último momento, una concertación entre los voceros de los empresarios y los de los trabajadores.
