Algunas reflexiones sobre la Reforma del Estado

En medio de las protestas del Partido Conservador, incluyendo un enfrentamiento con el expresidente Andrés Pastrana Arango, como también una controversia por el supuesto “maltrato” del que han sido víctimas por parte del Ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, pasó relativamente desapercibida la noticia de la creación de tres nuevos ministerios y las facultades al Presidente de la República para reformar la administración pública nacional central.
En efecto, el Congreso de la República aprobó la creación de los ministerios de Justicia, Trabajo, Salud y Vivienda, a partir de la escisión de los organismos que hoy existen, que fueron parte de la reforma que hizo, a su vez, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, con esta reforma se cambia, así de sencillo, parte de la obra de gobierno de la anterior administración, cuyo fracaso en este tema en particular fue evidente.
En buena hora se corrige la absurda decisión de fusionar el Ministerio de Gobierno con el de Justicia, que generó una malsana politización de los temas de la rama judicial que afronta una profunda crisis.
Durante muchos años, en el esquema institucional colombiano la Justicia tuvo su ministro y este siempre ejerció un papel preponderante en las reforma de los códigos del país y en la administración de la misma rama. Se requiere un Ministerio que retome ese importante rol y un Ministro con autoridad suficiente para ejercer ese nuevo liderazgo y que, así, el Ministro del Interior se dedique a lo suyo que es la política y el nuevo Ministro sea quien maneje, entre muchos otros temas, las relaciones del ejecutivo con las altas Cortes.
Una situación similar sucedió con el fracasado injerto del Ministerio de la Protección Social, que había sido una idea de Juan Luis Londoño, pero que no se supo llevar a la práctica y la realidad se ha encargado de demostrar que el sector de la Salud requiere un Ministerio especialmente dedicado al tema, que no sólo se encargue de la administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que lidere, desde el punto de vista científico, una nueva visión de esta área de la política social que urge aplicar el viejo principio de que más vale prevenir que curar. El tema de la salud pública, la prevención, la investigación científica en un país con nuestra geografía y nuestra cultura no puede dejarse en manos de las Empresas Promotoras de Salud, sino que tiene que estar en entes como el Instituto Nacional de Salud y de una Superintendencia Nacional de Salud más fortalecida, con más dientes  e instrumentos jurídicos y una mayor articulación con las secretarías departamentales y municipales de salud.
El tema del empleo y las relaciones entre el capital y el trabajo, que no dejan de ser conflictivas, pero que por eso mismo se obliga al Estado a ser un conciliador en esta materia, también fue un gran sacrificado con la reforma de Uribe Vélez. Es necesario que el Estado colombiano tenga políticas efectivas de intervención en la promoción del empleo y también en la búsqueda de una armonía en esas relaciones.
La separación de los Ministerio de Vivienda y Ambiente también era una reforma necesaria y urgente. Son dos sectores que tienen contraposición y cada uno goza de una importancia específica. Colombia requiere un Estado que tenga unas políticas encaminadas a reducir el déficit de vivienda y a promover un sector gran generador de empleo masivo.
Igualmente, el tema ambiental requiere una autoridad fuerte, con un manejo técnico y especializado que haga cumplir a los empresarios la legislación sobre la materia y defienda y proteja, en serio, nuestro medio ambiente.
En el uso de estas facultades que le permiten al Presidente de la República cambiar la estructura de entidades como el DAS, el INPE, la Dirección de Estupefacientes, entre muchas otras, debe primer un criterio técnico y gerencial que busque crear unas organizaciones no burocráticas, eficientes y con el compromiso serio de atender al ciudadano común y corriente y con instrumentos que impidan que se conviertan en fortines burocráticos de los políticos.
Capítulo aparte merecería el tema de las superintendencias, por ejemplo de servicios públicos, financiera e industria y comercio, que deberían tener oficinas de atención al usuario en ciudades intermedias y capitales de departamento como es el caso de Valledupar.
En todo el proceso de reforma deben primar criterios de eficiencia, economía y atención al ciudadano común y corriente, en últimas, la razón de ser del Estado.