Algunas reflexiones sobre el proyecto de reforma agraria

Una de las reformas más ambiciosas que se ha propuesto el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos es la que tiene que ver con la distribución de tierras, que – por sus implicaciones sociales, económicas y jurídicas- consideramos que generará más polémica que la planteada para el régimen de regalías, a través de una reforma constitucional.
En efecto, se trata de una reforma vital para el desarrollo del país, -sin lugar a dudas-, y prioritaria para el gobierno de Santos Calderón, quien la anunció desde el discurso de posesión.
Los cambios que el gobierno ha anunciado tocan varios aspectos complejos y polémicos, como es la restitución de tierras a personas que fueron víctimas del despojo de las mismas, por parte de grupos armados ilegales; pero también ataca el problema del latifundio improductivo, los aspectos tributarios sobre los predios y una serie de estímulos y castigos para fomentar una mejor explotación de este recurso, factor de producción vital para el futuro de la economía nacional.
Y para demostrar la seriedad que le ha puesto al tema nombró al frente del ministerio de agricultura y desarrollo rural, al abogado experto en temas económicos y de hacienda pública, amigo y colaborador de este diario, Juan Camilo Restrepo Salazar, en quien el país tiene una prenda de garantía de su seriedad, eficiencia e idoneidad, características que ha demostrado en los otros cargos que ha ejercido.
Para el diario EL PILÓN este tema es de la mayor trascendencia, y por ello queremos recordar el foro que sobre el mismo tema, “La tierra y su incidencia en el desarrollo regional”, realizamos el año pasado, en coordinación con la Fundación Universitaria del Área Andina, la Fundación Carboandes, y la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez; evento al cual invitamos al investigador, y experto en este tema, Alejandro Reyes, Hugues Sánchez, historiador, y a Rodolfo Campo Soto, para la fecha director general del Incoder; luego este tema no nos es ajeno y –reiteramos- lo consideramos vital para el desarrollo económico y social del país, y también de nuestra región.
La propuesta del gobierno trata un tema central como es el de las tierras que muchos integrantes de grupos violentos quitaron a miles de campesinos o compraron muy barata, bajo la presión de las armas. La restitución de estas tierras es un asunto de elemental justicia, además estimularía que muchos desplazados, que hoy deambulan desempleados por las ciudades, regresen al campo a trabajar la tierra. Este proceso tendrá muchos inconvenientes jurídicos, pero el Estado tiene que liderarlo.
Pero dudamos que muchas de estas personas, luego de conocer algunas ventajas de las ciudades, quieran regresar al campo; además, la tierra sólo es rentable si cuenta con otros componentes de política, como crédito, mercadeo, vías y asistencia técnica, entre otros.
La visión romántica de la reforma agraria, del predio pequeño y mediano, riñe con la agricultura del mundo moderno y globalizado de hoy, donde lo que determina la viabilidad de un proyecto productivo es su rentabilidad y su productividad, indicadores que son los que mandan en el mercado.
En cuanto al aspecto de que hoy el país tenga demasiadas tierras dedicadas a la ganadería y que pudieran ser más rentables – social y económicamente- si se dedicaran a la agricultura no es una discusión nueva. Varias veces se ha planteado. Sin embargo, la creencia de que todos los ganaderos en Colombia son grandes y ricos, dista mucho de la realidad: según las cifras que maneja Fedegán, el ochenta por ciento de los ganaderos tienen entre una y cincuenta cabezas; casi la mitad sólo tiene entre una y diez cabezas.
En ese orden de ideas, si bien es cierto que tenemos una ganadería extensiva, concentrarla y hacerla más eficiente y productiva implica políticas específicas y alianzas entre el sector público y privado, que incorporen nuevas y modernas tecnologías, al estilo de lo que ha hecho Brasil en algunas regiones de su territorio y España en la región de Almería.
En lo que tiene que ver con procesos de reforma agraria propiamente dicho, consideramos fundamental que el gobierno socialice y explique bien su propuesta, en las distintas regiones del país y escuche, de primera mano y ahí en el terreno, la opinión de los agricultores, ganaderos y campesinos. Esta reforma debe ser muy discutida y – en lo posible- concertada.
Es indiscutible que se requiere una reforma a la estructura de la tierra en Colombia, con el fin de hacer que se cumple la función social de la propiedad, en lo cual es fundamental el tema tributario, que se debe modificar, pero también es clave que el Estado cumpla con otros componentes que requiere el sector como es el crédito, las vías, el mercado y la asistencia técnica, para lograr una verdadera expansión del campo colombiano.
De lo contrario, una solución parcial del asunto en lugar de resolver problemas puede crear otros mayores y el remedio podría resultar peor que la enfermedad.
Este es un debate trascendental para el departamento del Cesar y el mismo apenas comienza, será largo y duro, pero de eso se trata de discutir sobre las políticas públicas con el fin contribuir a que las mismas sean las más adecuadas y eficientes a los intereses nacionales y regionales.