Algunas observaciones a la política de precios de combustibles

Desde hace varios meses se viene presentando en el país un malestar creciente con el precio de la gasolina y de los combustibles en general. A pesar de que Colombia ha visto aumentar su producción petrolera y pronto llegará a la cifra simbólica y referencial de un millón de barriles diarios, la verdad es que estamos lejos de ser un país petrolero, como si lo es nuestro vecino: Venezuela.
Pero mientras la economía minera del país viene cambiando, aumentando su participación en el PIB y también se dieron cambios sustanciales en Ecopetrol, que ahora es una empresa de economía mixta mientras antes estatal completamente, nos hemos quedado con una política de precios obsoleta, vieja y que no consulta esos cambios  en la economía nacional.
La política de precios de los combustibles y la estructura tributaria sobre los mismos, está fundamentada en el supuesto que el vehículo particular es un asunto de ricos  y que subsidiar la gasolina es subsidiar a los más pudientes. Hace rato que esos dos supuestos dejaron de ser ciertos: el carro dejó de ser un bien de las clases privilegiadas y es un instrumento de trabajo y de uso de las clases medias y populares. Además, las clases de menos ingresos tienen motos y estos vehículos también se mueven con gasolina.
En ese orden de ideas,  hace rato que nos quedamos con una política de precios fiscalista que poco o nada consulta la economía de las familias colombianas y que está facilitando el contrabando creciente, desde los departamentos limítrofes con Venezuela hacia el resto del país.
La Senadora Alexandra Moreno Piraquive y – en su momento- el senador Luis Fernando Velasco, entre otros, vienen organizando debates en el Congreso sobre este importante tema; y – en el caso de la Senadora- ha propuesto una revisión y reducción de los impuestos que hoy tienen los combustibles en Colombia. Este tipo de proyectos, según nuestro ordenamiento jurídico, requieren el visto bueno del gobierno por tratarse de temas tributarios.
Conociendo de primera mano lo que ha pasado en el Cesar y la Guajira con el tema de la gasolina, que es un problema económico antes que policivo, somos partidarios de que el gobierno nacional estudie y revise la actual política y la estructura que rige los precios de los combustibles. Ya no se justifica considerar a la gasolina un bien de lujo, cuando es un combustible de primera necesidad, e igual la consideración sobre los carros en un país en el cual viene creciendo de manera significativa la venta de vehículos usados y – además- afronta una serie crisis en los sistemas de transporte público colectivo de las principales ciudades.
Esa política de precios de los combustibles, en el caso de la Costa Atlántica, ha propiciado un aumento en el contrabando de gasolina desde Venezuela, afectando, como ya es por todos conocidos, a los distribuidores legales, a las arcas del municipio y poniendo en riesgo a poblaciones enteras, como es el caso de La Paz y de muchos barrios en Valledupar, y hasta arriesgando la vida de los motores de los vehículos que circulan en la región.
La jornada de “No tanqueo” debe ser tenida en cuenta por el gobierno nacional, en particular por el Ministerio de Minas, para revisar esa política de combustibles. Y en el caso de regiones como el Cesar, al igual que el esquema de la Guajira, requieren un tratamiento especial reconociendo su condición de zona de frontera.