En un país que cree que lo ha visto todo en materia de intentos para asignar licitaciones y favorecer a contratistas con nombre propio, resulta escandaloso lo que viene de ocurrir en el departamento del Magdalena por una decisión del gobernador Luis Miguel Cotes.
Y es que en contra de las advertencias del Gobierno y de la Procuraduría General, el mandatario seccional decidió adjudicar la construcción de una importante carretera, con un costo de 466.000 millones de pesos, a un consorcio cuya composición genera más preguntas que certezas.
Semejante proceder fue adoptado por Cotes, a pesar de que el Invías dio por terminado el convenio mediante el cual el presupuesto nacional asumiría más de la mitad del valor de la obra (el resto corresponde a regalías).
