El aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, que fija el ingreso básico en $1.750.905,
más auxilio de transporte hasta aproximarse a $2 millones mensuales, representa un alivio
evidente para los trabajadores formales de menores ingresos. En términos reales, descontada
la inflación esperada, se trata de uno de los incrementos más altos registrados en décadas
recientes.
Desde el punto de vista social, el efecto inmediato es positivo: mejora la capacidad de
consumo de los hogares asalariados y contribuye a corregir, al menos parcialmente, la pérdida
de poder adquisitivo acumulada. Este efecto ha sido reconocido incluso por economistas
críticos del mercado laboral colombiano, como Eduardo Sarmiento, quien ha insistido en que
los bajos salarios han sido históricamente un factor de debilidad de la demanda interna.
Sin embargo, el análisis económico no puede detenerse allí. El mismo Sarmiento advertía
que los aumentos salariales solo son sostenibles cuando se articulan con cambios
estructurales en la productividad y en la composición del aparato productivo. De lo contrario,
el mayor ingreso termina diluyéndose en inflación, informalidad o menor inversión.
En esa misma línea, Salomón Kalmanovitz ha señalado de manera reiterada que el salario
mínimo en Colombia cumple una doble función contradictoria: protege ingresos formales,
pero también se convierte en una barrera para la formalización cuando se fija muy por encima
de la productividad promedio, especialmente en regiones con tejido empresarial frágil.
Este punto es crucial para departamentos como el Cesar y ciudades como Valledupar, donde
predominan micro y pequeñas empresas intensivas en mano de obra y con márgenes
estrechos. En estas economías locales, una proporción significativa de los trabajadores
formales devenga el salario mínimo o valores cercanos, mientras que la informalidad supera
ampliamente el promedio nacional. El resultado es que el aumento beneficia de manera
directa a un grupo limitado, pero eleva de forma generalizada los costos de contratación
formal.
A este escenario se suma un elemento adicional de alta relevancia: el decreto de emergencia
económica, que contempla un recaudo aproximado de $16 billones en nuevos impuestos,
muchos de ellos de carácter indirecto. Este tipo de tributación tiende a trasladarse parcial o
totalmente a los precios finales de bienes y servicios, afectando tanto a consumidores como
a empresas, y reduciendo el ingreso real disponible.
Desde el punto de vista empresarial, la coexistencia de un fuerte incremento salarial con una
mayor carga tributaria indirecta implica una presión simultánea sobre los costos laborales y
los costos operativos. Para las micro y pequeñas empresas, que conforman la mayor parte del
tejido productivo del Cesar, este doble ajuste reduce el margen de maniobra financiero, limita
la capacidad de inversión y dificulta la formalización de nuevos empleos
Además, los impuestos indirectos tienden a tener un efecto regresivo: encarecen el consumo
básico y erosionan parte del beneficio real que el aumento salarial busca otorgar. En la
práctica, una fracción del mayor ingreso nominal de los trabajadores puede verse absorbida
por mayores precios, especialmente en sectores sensibles como alimentos, transporte y
servicios.
El riesgo, por tanto, no es teórico. Cuando el salario crece por encima de la productividad y,
de manera simultánea, aumenta la presión fiscal sin medidas compensatorias para el sector
productivo, las empresas ajustan por otras vías: postergan inversiones, reducen contratación,
trasladan costos a precios o, en el peor de los casos, salen del mercado. En regiones donde la
competencia con productos importados ya es fuerte, agravada por un tipo de cambio
relativamente apreciado, estos ajustes pueden debilitar aún más la producción local.
Nada de esto implica que el aumento salarial sea un error en sí mismo, el problema surge
cuando estas decisiones no se integran en una estrategia económica coherente, que articule
política salarial, política tributaria y política productiva. Sin alivios en cargas no salariales,
sin incentivos claros a la productividad y sin fortalecimiento del tejido empresarial regional,
los efectos positivos tienden a ser transitorios.
El verdadero desafío para Colombia no es escoger entre trabajadores o empresarios. Es
comprender que el salario digno, la sostenibilidad fiscal y la competitividad empresarial son
objetivos interdependientes. Como lo han señalado economistas colombianos de distintas
corrientes, sin empresas viables no hay empleo formal, y sin productividad no hay salarios
reales duraderos.
Ese es el debate que debemos dar con serenidad técnica, especialmente desde las regiones,
porque el desarrollo no se decreta: se construye.
