La Superintendencia de Industria y Comercio inició formalmente una investigación contra Movistar tras recibir denuncias de usuarios a los que se les cobró por equipos repetidores de señal WiFi sin su autorización.
De acuerdo con la entidad, la empresa de telecomunicaciones habría facturado estos aparatos, identificados bajo el nombre “Baseport“, entre agosto de 2020 y mayo de 2024, sin contar con el consentimiento previo de sus clientes.
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Esta situación llevó a la formulación de cargos mediante resolución, ya que la conducta de la empresa limitaría el derecho de los consumidores a elegir libremente los equipos para acceder a sus servicios de internet.
