En medio de la satanización de la reforma a la salud que emprenden los poderes económicos, dueños de las EPS, movilizando sus medios de comunicación y billonarios capitales para conservar el gigantesco negocio, la contraparte se encamina a movilizar la pedagogía en las calles, pulso que se reflejará en el Congreso de la República.

Volcar el nuevo sistema de salud a lo preventivo con atención primaria en salud para llegar a la Colombia profunda es prioridad de la reforma que proyecta el Gobierno nacional bajo la premisa de que el actual sistema de salud se dedica a tratar la enfermedad, con el agravante de arrastrar altas tasas de mortalidad materna, infantil y patologías de alto costo. 

La ministra de salud, Carolina Corcho, visibiliza un desfase financiero de las EPS, cuyas deudas bordean los 23.3 billones de pesos, de las cuales un monto de 16.6 billones son de EPS activas, 5 billones de EPS en liquidación y 1.7 billones de EPS liquidadas, en tanto que la estatal Adres sólo les debe 2.6 billones, balance que arroja un déficit fiscal de 20.7 billones de pesos en un sistema de salud colapsado y perverso. 

Corcho responsabilizó a la intermediación privada sobre los recursos públicos que manejan las EPS, caso excepcional en el mundo, del gran hueco fiscal, traducido en enormes sumas de dineros que han rodado sin control, las que manejarán  un solo fondo público a través de una Junta Directiva de Adres, tripartita y de carácter público, con tres pivotes: empresarios, trabajadores y gobierno, esquema que le permitirá a la gente cuidar el sistema de salud, para que no se repita el cartel de la hemofilia en lo público, o la nefasta experiencia de Saludcoop en lo privado. 

Construir sobre lo construido es la filosofía, diametralmente opuesta al discurso de ACEMI, que agremia a las EPS, porque en criterio de la ministra, mienten y generan incertidumbre, pues la estructura funcional mejorará dentro de un modelo de clínicas y hospitales públicos, privados y mixtos, con flujo de caja al día, pues los recursos serán girados directamente a las clínicas y hospitales para un pago puntual, sin intermediación financiera de las EPS. 

Para hacer sostenible el sistema, anunció una serie de mecanismos anticorrupción, que van desde auditorías para que no haya sobrefacturación en clínicas y hospitales, descentralización de la SuperSalud, información en línea, formalización laboral para evitar nóminas paralelas, centralización de las compras e implementación de una junta de regulación médica y tarifaría que sirva de talanquera a los contratos leoninos.

Turbada por unas 350 mil quejas al año de colombianos que suplican por su vida, anticipó meritocracia a la luz de un concurso nacional para seleccionar los gerentes de hospitales y subrayó lo que llamó el poder del “Médico-Paciente”, con facultad para autorizar los procedimientos, decisión que toman las EPS con el lastre del ‘paseo de la muerte’. 

Aseguró que no es una reforma traída de los cabellos para destruir el actual sistema de salud, idea que han querido vender las EPS con una alta dosis de desinformación, sino por el contrario, optimizarlo con el acompañamiento de la OMS, a efecto de superar tres décadas de iniquidad en la ruralidad de 600 municipios sin puestos de salud y 300 sin salas de parto.

Por Miguel Aroca Yepes