El reciente caso de Lyan José, ese pequeño cuyo nombre resonó con un eco de angustia en cada rincón de nuestros hogares, no es una pesadilla aislada, sino la punta visible de un iceberg que desgarra el tejido social colombiano: el secuestro infantil.
Este crimen va mucho más allá de la privación de la libertad; es un ataque directo a la esperanza, una herida abierta en el corazón de nuestras familias y comunidades, una fractura emocional que nos obliga a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos ignorar. En este contexto, el 25 de mayo, Día Internacional de los Niños Desaparecidos, no debe pasar desapercibido: es una fecha que nos confronta y nos recuerda que cada niño perdido representa una ausencia irreparable y una deuda moral colectiva.
Al adentrarnos en la realidad del territorio, hay heridas que, lejos de cerrar, se ahondan con el silencio y la incertidumbre. La desaparición de un niño es, quizás, la más punzante de ellas. En el departamento del Cesar, esta dolorosa realidad ha dejado de ser un temor susurrado para convertirse en una cruda estadística y en rostros que nos interpelan desde carteles y redes sociales. Un campanazo reciente, publicado por un importante medio de la región en agosto de 2024, alertaba sobre “la desaparición de varios niños en los últimos meses“, encendiendo las alarmas de una comunidad que siente cómo el miedo se cuela por las rendijas de la cotidianidad.
La cronología del caso Jhosuar es un laberinto de angustia y procesos judiciales. La última vez fue visto con su madre, Angélica María Gil, quien, según testigos y cámaras de seguridad, llegó sorpresivamente, lo subió a una motocicleta y partió con rumbo desconocido. Ella fue capturada en julio de 2024 y desde entonces enfrenta cargos, alegando haber entregado el niño a su padre, una versión que el progenitor niega tajantemente. Casi un año después, en mayo de 2025, Sharol Adriana Arias Martínez, pareja sentimental de la madre, también fue capturada y vinculada al proceso por desaparición forzada.
A pesar de estas capturas y una recompensa que asciende a los 20 millones de pesos, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿Dónde está Jhosuar? “Han sido 365 días de angustia. Cada mañana pienso que Jhosuar va a tocar la puerta, pero no llega”, confesaba su abuelo al cumplirse un año, una frase que encapsula la tortura de la espera.
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Pero Jhosuar no es una estadística aislada en el Cesar. Aunque obtener una cifra exacta y desglosada de niños desaparecidos por causas ajenas al conflicto armado es un desafío –un verdadero rompecabezas informativo–, los datos disponibles pintan un cuadro alarmante.
La tragedia tiene múltiples rostros en nuestra tierra. En Aguachica, recordamos a Kelly Carolina Carballo Santana (9 o 10 años), desaparecida y hallada sin vida 36 horas después, un crimen atroz que resultó en la captura de un presunto responsable. O el caso de Marlon Peña, buscado por su madre durante 16 años hasta que sus restos fueron hallados, una búsqueda que gestionó la admirable Corpomemorias.
En Agustín Codazzi, la muerte de cinco niños indígenas Yukpa en marzo de 2024, calificada como “asesinato” por la directora del ICBF, nos confronta con la vulnerabilidad extrema de las comunidades étnicas. Estos casos, junto al de Jhosuar, subrayan la diversidad de contextos: desde presuntos conflictos intrafamiliares hasta crímenes atroces y las secuelas aún vivas del conflicto armado.
Entonces, mientras la familia Mejía Gil y tantas otras en el Cesar esperan, con el corazón en un puño, noticias de sus pequeños, debemos preguntarnos: ¿Estamos haciendo lo suficiente? La sombra de la ausencia es larga y oscura. Casos como el de Jhosuar Mejía Gil no pueden convertirse simplemente en un expediente más acumulando polvo. Deben ser el motor que nos impulse a exigir sistemas de alerta verdaderamente efectivos e inmediatos, investigaciones exhaustivas y, sobre todo, políticas de prevención que ataquen las raíces de esta vulnerabilidad.
Alfredo Jones Sánchez – @alfredojonessan
