Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, argumentó que en una audiencia pública que realizó la etnia a principios de 2020 se estableció la conformación del retén para controlar el número de turistas y visitantes que llegaban al resguardo debido al alto porcentaje de contagiados con la covid-19.
A la entrada del corregimiento La Mina, jurisdicción de Valledupar, se encuentra establecido un retén que es administrado por la comunidad kankuama. Dicho puesto de control presuntamente les está solicitando dinero a algunos conductores para permitirles el paso hacia el resguardo indígena, según las denuncias de varios ciudadanos de Valledupar.
De acuerdo con los denunciantes, un grupo 10 indígenas kankuamos están de manera permanente en la entrada de esa zona para controlar el ingreso de las personas al corregimiento. Así mismo, precisaron que los encargados del retén construyeron un rudimentario portón de madera que bloquea la vía, y colocaron unos conos metros antes del portón para impedir que las personas se acerquen sin autorización.
En ese sentido, Felipe Durán, transportista, aseveró que viajó hacia ese corregimiento para llevarle a un conocido unos productos alimenticios, pero no pudo ingresar porque los kankuamos encargados de vigilar el retén le dijeron que solo podían entrar al resguardo las personas que tengan un permiso especial.
“Tuve que devolverme porque fue imposible que me dejaran entrar. Antes yo iba a La Mina sin ningún tipo de problema y ahora parece que está prohibido entrar si no haces parte de la etnia kankuama. Cuando me disponía a regresarme para Valledupar uno de los indígenas me insinuó que debía darle dinero para poder pasar, pero yo lo ignoré y preferí dar la vuelta”, manifestó Durán.
Así mismo, Octavio Pico, director ejecutivo de Fenalco, seccional Cesar, relató que el martes pasado se dirigía a La Mina y tampoco pudo entrar porque las autoridades indígenas del retén le precisaron que debe tramitar un permiso con el cabildo gobernador de ese territorio para ingresar al corregimiento. Pico argumentó que por varios minutos conversó con los indígenas para mediar.
“Alegaron que el retén lo establecieron como medida de bioseguridad contra la covid-19, pero me parece que están incurriendo en una mala práctica porque como ciudadanos colombianos tenemos el derecho de transitar hacia ese territorio. No pudiéramos ingresar si fuera propiedad privada”, comentó Pico.
Los denunciantes precisaron que la guardia kankuama tienen cuadernos en los que están anotados los nombres de las personas que tienen autorización para entrar al corregimiento. Señalaron que en dichos registros buscan el nombre y la cédula del ciudadano que quiera entrar al resguardo, y si no está anotado no hay manera de ingresar.
Sobre las denuncias, Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, argumentó que en una audiencia pública que realizó la etnia a principios de 2020 se estableció la conformación del retén para controlar el número de turistas y visitantes que llegaban al resguardo debido al alto porcentaje de contagiados con la covid-19.
Acotó que desde marzo del 2020 entró en funcionamiento, y como resultado positivo el número de contagiados con el virus en ese territorio es casi inexistente. Precisó que la guardia indígena que vigila el puesto de control cuenta con todo el apoyo de la comunidad kankuama y con su autorización.
“El puesto de control está debidamente establecido. Hemos tenido muy buenos resultados con ese retén porque se han disminuido los atracos y actos delincuenciales que se presentaban en el resguardo, debido a que para salir del corregimiento tienen que pasar por el retén. Seguirá funcionado porque aún la emergencia sanitaria no ha terminado”, explicó Arias.
Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, aseveró que le han manifestado en varias reuniones a Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, la insatisfacción que tienen algunos sectores de la población con el retén a la entrada del corregimiento La Mina, debido a que los ciudadanos necesitan desplazarse hacia esa zona.
“Aspiramos que la autoridad indígena kankuama desmonte el retén porque ese puesto de control no goza de una autorización legal. Todos los ciudadanos deben tener acceso a esa vía sin ningún tipo de requerimiento”, comentó Galvis.
POR: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN.
Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, argumentó que en una audiencia pública que realizó la etnia a principios de 2020 se estableció la conformación del retén para controlar el número de turistas y visitantes que llegaban al resguardo debido al alto porcentaje de contagiados con la covid-19.
A la entrada del corregimiento La Mina, jurisdicción de Valledupar, se encuentra establecido un retén que es administrado por la comunidad kankuama. Dicho puesto de control presuntamente les está solicitando dinero a algunos conductores para permitirles el paso hacia el resguardo indígena, según las denuncias de varios ciudadanos de Valledupar.
De acuerdo con los denunciantes, un grupo 10 indígenas kankuamos están de manera permanente en la entrada de esa zona para controlar el ingreso de las personas al corregimiento. Así mismo, precisaron que los encargados del retén construyeron un rudimentario portón de madera que bloquea la vía, y colocaron unos conos metros antes del portón para impedir que las personas se acerquen sin autorización.
En ese sentido, Felipe Durán, transportista, aseveró que viajó hacia ese corregimiento para llevarle a un conocido unos productos alimenticios, pero no pudo ingresar porque los kankuamos encargados de vigilar el retén le dijeron que solo podían entrar al resguardo las personas que tengan un permiso especial.
“Tuve que devolverme porque fue imposible que me dejaran entrar. Antes yo iba a La Mina sin ningún tipo de problema y ahora parece que está prohibido entrar si no haces parte de la etnia kankuama. Cuando me disponía a regresarme para Valledupar uno de los indígenas me insinuó que debía darle dinero para poder pasar, pero yo lo ignoré y preferí dar la vuelta”, manifestó Durán.
Así mismo, Octavio Pico, director ejecutivo de Fenalco, seccional Cesar, relató que el martes pasado se dirigía a La Mina y tampoco pudo entrar porque las autoridades indígenas del retén le precisaron que debe tramitar un permiso con el cabildo gobernador de ese territorio para ingresar al corregimiento. Pico argumentó que por varios minutos conversó con los indígenas para mediar.
“Alegaron que el retén lo establecieron como medida de bioseguridad contra la covid-19, pero me parece que están incurriendo en una mala práctica porque como ciudadanos colombianos tenemos el derecho de transitar hacia ese territorio. No pudiéramos ingresar si fuera propiedad privada”, comentó Pico.
Los denunciantes precisaron que la guardia kankuama tienen cuadernos en los que están anotados los nombres de las personas que tienen autorización para entrar al corregimiento. Señalaron que en dichos registros buscan el nombre y la cédula del ciudadano que quiera entrar al resguardo, y si no está anotado no hay manera de ingresar.
Sobre las denuncias, Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, argumentó que en una audiencia pública que realizó la etnia a principios de 2020 se estableció la conformación del retén para controlar el número de turistas y visitantes que llegaban al resguardo debido al alto porcentaje de contagiados con la covid-19.
Acotó que desde marzo del 2020 entró en funcionamiento, y como resultado positivo el número de contagiados con el virus en ese territorio es casi inexistente. Precisó que la guardia indígena que vigila el puesto de control cuenta con todo el apoyo de la comunidad kankuama y con su autorización.
“El puesto de control está debidamente establecido. Hemos tenido muy buenos resultados con ese retén porque se han disminuido los atracos y actos delincuenciales que se presentaban en el resguardo, debido a que para salir del corregimiento tienen que pasar por el retén. Seguirá funcionado porque aún la emergencia sanitaria no ha terminado”, explicó Arias.
Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, aseveró que le han manifestado en varias reuniones a Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, la insatisfacción que tienen algunos sectores de la población con el retén a la entrada del corregimiento La Mina, debido a que los ciudadanos necesitan desplazarse hacia esa zona.
“Aspiramos que la autoridad indígena kankuama desmonte el retén porque ese puesto de control no goza de una autorización legal. Todos los ciudadanos deben tener acceso a esa vía sin ningún tipo de requerimiento”, comentó Galvis.
POR: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN.