Por Miguel Ángel Castilla Camargo El hecho de que exista la Asociación de Trabajadores Enfermos del Carbón de La Jagua de Ibirico, Asotrecaj, y la Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond, Asotred, deja sin piso el concepto cínico de «patrones» de las multinacionales que sostienen que no pasa nada. Los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, […]
Por Miguel Ángel Castilla Camargo
El hecho de que exista la Asociación de Trabajadores Enfermos del Carbón de La Jagua de Ibirico, Asotrecaj, y la Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond, Asotred, deja sin piso el concepto cínico de «patrones» de las multinacionales que sostienen que no pasa nada.
Los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, Maracas, San Antonio y la quebrada El Pajuil, que bordean y recogen los químicos de los botaderos de escoria, se convirtieron en los primeros damnificados de la inoperancia del Estado y la desmedida voracidad destructora de las multinacionales. Menos mal, a esta zona han entrado en el último mes una docena de periodistas, investigadores, ambientalistas y también funcionarios íntegros a los que no pudieron agasajar estas empresas como es la costumbre. En el caso propio, es vergonzoso, y cuestionable los tipos armados que me abordaron varias veces con caras de pocos amigos. Llegaron al extremo de decirme que los ríos eran propiedad privada. Para colmo, para dar la impresión de estar colaborando con la «fauna», han reproducido miles de serpientes con el fin de generar miedo en las comunidades.
A los amigos lectores les dejo la siguiente perla: la Resolución No. 1730 del 7 de septiembre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, «Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones».
¿Extrajeron el óxido de azufre y el óxido nitroso por decantación? ¿Y con la lixiviación de las escombreras cómo hicieron? ¿Los acuíferos saben que el vertimiento es de aguas «tratadas»? ¿A los peces les toca adaptarse a un nuevo PH?
No sé cómo calificar la Resolución 1560 del 13 de agosto de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que con base en la información de Calidad del Aire, «…se deroga la resolución 412 del 10 de marzo del 2008 y se reclasifican las áreas – fuente de contaminación en la zona carbonífera del Cesar». Y la Resolución 0970 del 20 de mayo de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, «Por la cual se establece la participación de las empresas Drummond LTD., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., hoy Sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Emcarbon S.A., hoy Vale Coal Colombia LTD. Sucursal Colombia, en el proceso de reasentamiento de comunidades ubicadas en el área de influencia de la explotación minera de carbón desarrollada por estas en el departamento del Cesar y se toman otras determinaciones».
A una reclasificación la antecede una clasificación insulsa, y al incumplimiento se le premia con una derogación. El juego planteado delata un gran negocio por debajo de la mesa. ¿Cuántas reclasificaciones podrán resistir los pobladores? Las fechas de expedición de los aportes mineros dicen quien ganó y quien perdió. Y pensar que un vaso con agua a la intemperie nos da la triste lectura que ridiculiza a los mentirosos de oficio que pululan como el polvillo de carbón.
Por Miguel Ángel Castilla Camargo El hecho de que exista la Asociación de Trabajadores Enfermos del Carbón de La Jagua de Ibirico, Asotrecaj, y la Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond, Asotred, deja sin piso el concepto cínico de «patrones» de las multinacionales que sostienen que no pasa nada. Los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, […]
Por Miguel Ángel Castilla Camargo
El hecho de que exista la Asociación de Trabajadores Enfermos del Carbón de La Jagua de Ibirico, Asotrecaj, y la Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond, Asotred, deja sin piso el concepto cínico de «patrones» de las multinacionales que sostienen que no pasa nada.
Los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, Maracas, San Antonio y la quebrada El Pajuil, que bordean y recogen los químicos de los botaderos de escoria, se convirtieron en los primeros damnificados de la inoperancia del Estado y la desmedida voracidad destructora de las multinacionales. Menos mal, a esta zona han entrado en el último mes una docena de periodistas, investigadores, ambientalistas y también funcionarios íntegros a los que no pudieron agasajar estas empresas como es la costumbre. En el caso propio, es vergonzoso, y cuestionable los tipos armados que me abordaron varias veces con caras de pocos amigos. Llegaron al extremo de decirme que los ríos eran propiedad privada. Para colmo, para dar la impresión de estar colaborando con la «fauna», han reproducido miles de serpientes con el fin de generar miedo en las comunidades.
A los amigos lectores les dejo la siguiente perla: la Resolución No. 1730 del 7 de septiembre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, «Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones».
¿Extrajeron el óxido de azufre y el óxido nitroso por decantación? ¿Y con la lixiviación de las escombreras cómo hicieron? ¿Los acuíferos saben que el vertimiento es de aguas «tratadas»? ¿A los peces les toca adaptarse a un nuevo PH?
No sé cómo calificar la Resolución 1560 del 13 de agosto de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que con base en la información de Calidad del Aire, «…se deroga la resolución 412 del 10 de marzo del 2008 y se reclasifican las áreas – fuente de contaminación en la zona carbonífera del Cesar». Y la Resolución 0970 del 20 de mayo de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, «Por la cual se establece la participación de las empresas Drummond LTD., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., hoy Sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Emcarbon S.A., hoy Vale Coal Colombia LTD. Sucursal Colombia, en el proceso de reasentamiento de comunidades ubicadas en el área de influencia de la explotación minera de carbón desarrollada por estas en el departamento del Cesar y se toman otras determinaciones».
A una reclasificación la antecede una clasificación insulsa, y al incumplimiento se le premia con una derogación. El juego planteado delata un gran negocio por debajo de la mesa. ¿Cuántas reclasificaciones podrán resistir los pobladores? Las fechas de expedición de los aportes mineros dicen quien ganó y quien perdió. Y pensar que un vaso con agua a la intemperie nos da la triste lectura que ridiculiza a los mentirosos de oficio que pululan como el polvillo de carbón.