EL PILÓN dialogó con Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de la rendición de cuentas que se realizará este martes 5 de diciembre en Valledupar.
EL PILÓN dialogó con Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de la rendición de cuentas que se realizará este martes 5 de diciembre en Valledupar.
El primero es realizar la rendición de cuentas anual que hace la jurisdicción ante el país. Hemos escogido Valledupar porque abriremos una oficina en la ciudad y queremos divulgar el trabajo que está haciendo la jurisdicción en el Cesar y La Guajira.
La jurisdicción, además de hacer la investigación, juzgamiento y sanción de los más graves crímenes ocurridos en el conflicto, presta servicios de acompañamiento y asesoría a las víctimas para garantizar su participación.
En la oficina tendremos nuestros equipos territoriales y un grupo de trabajo de la fiscalía de la JEP, la cual realiza investigaciones. Además, se ofrecerá acompañamiento psicosocial a las víctimas, y defensa judicial para los comparecientes.
Esperamos que desde este martes.
Nos vamos a concentrar en explicar el trabajo que está haciendo la jurisdicción. Nosotros tenemos cuatro casos ocurridos en la región. En el Caso Número 1 se investigan los secuestros de las Farc. El antiguo secretariado ya reconoció sus hechos.
El Caso Número 8 investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares y terceros.
El Caso Número 9 investiga los ataques contra territorios étnicos. Ya hay un subcaso que se está investigando en la Sierra Nevada de Santa Marta, y tal vez se realice una investigación en la Serranía de Perijá. Y también están los ataques de las guerrillas a la población civil, que tiene un capítulo sobre el actuar del Bloque Caribe de las antiguas Farc.
Ha avanzado mucho. Se investigaron alrededor de 20.000 secuestros durante 10 años. Hay que destacar que los miembros del antiguo secretariado reconocieron su participación en los hechos y han hecho importantes para la construcción de la verdad.
Lo que se está investigando es el comportamiento de frentes y bloques específicos, en este caso el Bloque Caribe.
Es uno de los casos que comprobó que los falsos positivos fueron una práctica que ocurrió a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, especialmente en el Cesar, La Guajira y Magdalena.
La investigación terminó en la imputación de un grupo de militares involucrados. La mayoría aceptó su culpabilidad. Los que no reconocieron su responsabilidad serán objeto de investigación por parte de la Fiscalía de la JEP.
Se hizo una audiencia excepcional que permitía a esta persona tratar de demostrar su voluntad de hacer contribuciones a la verdad en la JEP. Según los magistrados esto no pudo ser demostrado, por eso está fuera de la jurisdicción. No se ve en el futuro nuevas ocasiones que le permitieran tratar de entrar. En principio, ya tuvo una última oportunidad para demostrar su voluntad de contribuir y no lo hizo.
Es bastante complejo. En su procesamiento y condena participan las autoridades colombianas y las de Estados Unidos, en un juicio separado. En el caso de la JEP, el señor Palmera manifestó, a través de sus abogados, el deseo de colaborar y ofrecer información.
Nos encontramos en gestiones con las autoridades americanas para lograr el acceso del señor Palmera a la JEP, para que a través de una visita de funcionarios o a través de medios digitales pueda hacer los aportes a la verdad.
Como conoce el país, la sala de definición de situación jurídica hizo pública su decisión de recibir al señor Mancuso en su calidad de líder paramilitar que habría actuado como bisagra entre los paramilitares y la fuerza pública.
Por ahora, la decisión que se tomó fue aceptarlo porque habría probado su voluntad de hacer aportes a la verdad y que los hechos a los que hace referencia son plausibles y tienen un indicio de que serían útiles para la guerra.
La Jurisdicción tiene unos comparecientes obligatorios, que son los miembros de la antigua guerrilla y los miembros de la Fuerza Pública. Pero también tenemos competencia para investigar a terceros: tanto antiguos funcionarios del Estado o personas particulares involucradas en el conflicto, quienes vienen a la JEP de manera voluntaria. Hemos recibido muchas solicitudes de terceros que quieren vincularse a la JEP y solucionar su situación jurídica.
Muchos particulares del departamento han solicitado su acceso y estamos tratando de estimular para que esas personas se presenten a la JEP, porque como tribunal de paz lo que buscamos es ayudar a resolver problemas jurídicos a través del reconocimiento y el aporte a la verdad.
EL PILÓN dialogó con Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de la rendición de cuentas que se realizará este martes 5 de diciembre en Valledupar.
EL PILÓN dialogó con Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de la rendición de cuentas que se realizará este martes 5 de diciembre en Valledupar.
El primero es realizar la rendición de cuentas anual que hace la jurisdicción ante el país. Hemos escogido Valledupar porque abriremos una oficina en la ciudad y queremos divulgar el trabajo que está haciendo la jurisdicción en el Cesar y La Guajira.
La jurisdicción, además de hacer la investigación, juzgamiento y sanción de los más graves crímenes ocurridos en el conflicto, presta servicios de acompañamiento y asesoría a las víctimas para garantizar su participación.
En la oficina tendremos nuestros equipos territoriales y un grupo de trabajo de la fiscalía de la JEP, la cual realiza investigaciones. Además, se ofrecerá acompañamiento psicosocial a las víctimas, y defensa judicial para los comparecientes.
Esperamos que desde este martes.
Nos vamos a concentrar en explicar el trabajo que está haciendo la jurisdicción. Nosotros tenemos cuatro casos ocurridos en la región. En el Caso Número 1 se investigan los secuestros de las Farc. El antiguo secretariado ya reconoció sus hechos.
El Caso Número 8 investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares y terceros.
El Caso Número 9 investiga los ataques contra territorios étnicos. Ya hay un subcaso que se está investigando en la Sierra Nevada de Santa Marta, y tal vez se realice una investigación en la Serranía de Perijá. Y también están los ataques de las guerrillas a la población civil, que tiene un capítulo sobre el actuar del Bloque Caribe de las antiguas Farc.
Ha avanzado mucho. Se investigaron alrededor de 20.000 secuestros durante 10 años. Hay que destacar que los miembros del antiguo secretariado reconocieron su participación en los hechos y han hecho importantes para la construcción de la verdad.
Lo que se está investigando es el comportamiento de frentes y bloques específicos, en este caso el Bloque Caribe.
Es uno de los casos que comprobó que los falsos positivos fueron una práctica que ocurrió a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, especialmente en el Cesar, La Guajira y Magdalena.
La investigación terminó en la imputación de un grupo de militares involucrados. La mayoría aceptó su culpabilidad. Los que no reconocieron su responsabilidad serán objeto de investigación por parte de la Fiscalía de la JEP.
Se hizo una audiencia excepcional que permitía a esta persona tratar de demostrar su voluntad de hacer contribuciones a la verdad en la JEP. Según los magistrados esto no pudo ser demostrado, por eso está fuera de la jurisdicción. No se ve en el futuro nuevas ocasiones que le permitieran tratar de entrar. En principio, ya tuvo una última oportunidad para demostrar su voluntad de contribuir y no lo hizo.
Es bastante complejo. En su procesamiento y condena participan las autoridades colombianas y las de Estados Unidos, en un juicio separado. En el caso de la JEP, el señor Palmera manifestó, a través de sus abogados, el deseo de colaborar y ofrecer información.
Nos encontramos en gestiones con las autoridades americanas para lograr el acceso del señor Palmera a la JEP, para que a través de una visita de funcionarios o a través de medios digitales pueda hacer los aportes a la verdad.
Como conoce el país, la sala de definición de situación jurídica hizo pública su decisión de recibir al señor Mancuso en su calidad de líder paramilitar que habría actuado como bisagra entre los paramilitares y la fuerza pública.
Por ahora, la decisión que se tomó fue aceptarlo porque habría probado su voluntad de hacer aportes a la verdad y que los hechos a los que hace referencia son plausibles y tienen un indicio de que serían útiles para la guerra.
La Jurisdicción tiene unos comparecientes obligatorios, que son los miembros de la antigua guerrilla y los miembros de la Fuerza Pública. Pero también tenemos competencia para investigar a terceros: tanto antiguos funcionarios del Estado o personas particulares involucradas en el conflicto, quienes vienen a la JEP de manera voluntaria. Hemos recibido muchas solicitudes de terceros que quieren vincularse a la JEP y solucionar su situación jurídica.
Muchos particulares del departamento han solicitado su acceso y estamos tratando de estimular para que esas personas se presenten a la JEP, porque como tribunal de paz lo que buscamos es ayudar a resolver problemas jurídicos a través del reconocimiento y el aporte a la verdad.