La Contraloría Municipal de Valledupar se pronunció de nuevo sobre la solicitud de pensión de jubilación que el exalcalde Jhony Pérez Oñate exige a través de abogados, por sus años de servicio en diferentes entes como el Congreso de la República, la Asamblea Departamental del Cesar y por último la Alcaldía de Valledupar, despacho que lideró entre los años  1998 y 2001.

Acerca del fallo del Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró improcedente la acción de tutela implementada por la Administración Municipal, en contra del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito, la Contralora Mercedes Vásquez manifestó que, “el órgano de control no escoge la acción, hoy supe que la Administración impugnó la decisión, y lo que tienen que hacer es seguir tomando las acciones que ellos escojan para evitar el detrimento patrimonial, mi control de advertencia está incólume”.

Según la investigación de la Contraloría Municipal, la pensión de Jhony Pérez Oñate fue solicitada en el documento del abogado Luis Alberto Bolaño, enviado a la Alcaldía en junio de este año, en la que se solicita se incluya al exalcalde en la nómina pensional de la Alcaldía de Valledupar. 

“Ayer volvieron a remover el tema, yo hago mi parte y aquí el experto laboralista, porque en mi auditoría he dedicado mis esfuerzos académicos, ha hecho el ejercicio y al 30 de agosto se le debe a Jhony Pérez más de 800 millones y ahí se debe tener en cuenta que la sentencia fue proferida por el juzgado en enero de 2013, a partir de ahí se debe contar 18 meses que sería en junio del año entrante, a esa fecha esa cifra superará  los mil millones de pesos”, dijo la Contralora.

En cuanto a esto el abogado Bolaño, vía telefónica, manifestó que el tema para él y su apoderado está bastante claro.

¿Quién le debe al exalcalde?

La Contraloría indica que está en firme una sentencia que puede ser lesiva para Valledupar, que obliga a pagar más de mil millones al exalcalde,  y el que debe pagar es el Seguro Social, entidad en donde el Municipio afilió a Pérez Oñate el 2 de enero de 1998.

El equipo de trabajo de la Contraloría, advierte que el asunto está centrado en una interpretación basada en la Ley 33 de 1985, que establece que la última entidad en donde labora un servidor público, debe solicitar las cuota partes pensionales a las demás entidades de la hoja de vida de ese servidor y pagar la pensión, sin embargo esto, según el órgano de control ya no aplica porque al exalcalde lo afiliaron al Seguro Social, y es esta entidad la que debe asumir el pago, y no el Municipio.

“Si el Municipio no lo hubiera afiliado al Seguro Social, le hubiera tocado pagar su cuota parte por el tiempo que el exalcalde estuvo en el despacho, pero sí lo afiliaron”, dijo un asesor laboralista de la Contraloría Municipal.

Por Andrés Llamas Nova 
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