Debido a que no encontró eco en las denuncias que hizo a nivel municipal y departamental, el veedor ciudadano Jaine Mora Murgas acudió a la Contraloría General de la República para que se investiguen las presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación del canal de Panamá, al sur oriente de Valledupar.

Es así como Mora Murgas solicitó un control excepcional para ejercer control fiscal en el contrato, el cual fue admitido por el contralor Edgardo Maya Villazón. El contrato al que se refiere el veedor ciudadano se suscribió por valor de $29.658.380.876, con un plazo de ejecución de 16 meses y contempla un paquete de obras y la ampliación del canal de Panamá. “Han transcurrido 36 meses, sin que se haya terminado la obras, por el contrario según lo publicó el portal de contratación pública, actualmente se encuentra suspendido”, dijo el veedor en su denuncia.

Debido a que estas obras no se ejecutan con presupuesto nacional, la Contraloría General no tiene competencia para investigar, por lo que se recurre al control excepcional que ordena una auditoría para inspeccionar lo ocurrido con dicho proyecto.

De esta manera, el órgano de control comisionó a la Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República, para adelantar el control excepcional admitido a través de la actuación de control fiscal que estime pertinente. De igual manera, se le comisiona para adelantar las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal que se originen en el mismo, de conformidad con la normativa que rige la materia.

“La Contraloría Municipal y Departamental se declararon incompetentes, y esa obra no sirve, tienen que demolerla toda, con pañitos de agua tibia no van a solucionar nada. Yo hablé con Katrizza Morelli y empezaron a maquillar todo. Cuando eso tienen que hacerlo nuevamente”, afirmó Mora Murgas.

La ampliación del ‘Canal de Panamá’, en el suroriente de Valledupar, se concibió como una solución para conducir las aguas lluvias por más de dos kilómetros desde la avenida 44 hasta el río Guatapurí, pero lo que se ha generado es un problema, con evidentes fallas de diseños y planeación.

Esta obra que tiene una inversión de $8.453 millones debió culminarse en febrero de 2016; sin embargo las obras fueron paralizadas y lo poco que se hizo se ha deteriorado. Este contrato cuenta con varios certificados de disponibilidad presupuestal y en su momento le fue aprobada vigencia futura. Ha sido suspendido cinco veces y modificado en siete oportunidades. En la modificación 5 se adicionaron $12.097.800.

“Pese a las irregularidades de la obra, relacionada con mala calidad y la dilación en plazo de ejecución, la entidad contratante no ha iniciado proceso de incumplimiento o sanción al contratista, lo que evidencia un favorecimiento y omisión de sus deberes y funciones por parte de los servidores públicos del SIVA”, acotó el veedor ciudadano.

EL PILÓN quiso hablar con la gerente del SIVA sobre este caso, pero la funcionaria aseguró que no ha sido notificada y que necesita enterarse primero de la decisión de la Contraloría.

La solicitud de control excepcional presentada por presidente de la Veeduría Ciudadana en la vigilancia y control fiscal del Cesar, Jaine Mora Murgas, sobre el contrato de Obra Pública N° 040 del 6 de agosto de 2014 suscrito entre el SIVA y el consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte en relación a los recursos correspondientes al orden departamental y municipal fue admitida por la Contraloría General de la República.

Andreina Bandera/ EL PILÓN
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