Prosperó la acción popular presentada por ocho organizaciones sociales y treinta ciudadanos que consideraba que había “fragilidades” en el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de los títulos mineros en el país. 

El Consejo de Estado ratificó que el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Minería, ANM, “deberán corregir el déficit de protección al medio ambiente que se evidencia en el ordenamiento minero-ambiental”. 

Lo anterior tiene que ver con ajustar dichos títulos a las prohibiciones y restricciones de explotación del subsuelo previstas en las sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016 de la Corte Constitucional.

EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Con ello se busca amparar “el equilibrio ecológico, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de las especies animales y vegetales”, entre otros derechos. 

Así las cosas, los ministerios de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán instalar una mesa de trabajo con las corporaciones autónomas regionales, entre otras autoridades, con el propósito “de proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el relacionamiento de los sectores minero y ambiental”. 

La decisión fue ‘celebrada’ por el Foro Ambiental del Cesar y sus miembros en este departamento, quienes han hecho énfasis en este problema en el departamento.