Aunque al principio la oposición del Concejo de Valledupar (que es la mayoría) tenía reparos en autorizar al alcalde Mello Castro para que pudiera adelantar procesos de selección, celebración de contratos y convenios interadministrativos que sean necesarios para la ejecución del presupuesto de la vigencia 2021, al final cedieron, pero con ciertas condiciones.

La vigencia de esta autorización es hasta el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, se exceptúan los procesos de licitación pública y convenios interadministrativos cuya cuantía supere los 7 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), para los cuales deberá pedir autorización el alcalde.

Lo anterior se dio a través del acuerdo número 010 del 26 de julio del 2021, que contó con 11 votos positivos (los de la oposición) y siete negativos (los de la coalición).

Cabe recordar que la administración municipal presentó el proyecto al Concejo el pasado 21 de junio; sin embargo, varios concejales pidieron mayor claridad sobre cómo se estaban ejecutando los recursos y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que el mandatario de la capital del Cesar duró 25 días sin las autorizaciones para celebrar contratos, lo que lo tenía ‘maniatado’ en algunas de sus funciones.

Jorge Pérez, de la tolda del Equipo Azul, explicó que anteriormente no le habían dado las facultades al alcalde porque realizaron peticiones sobre el informe presupuestal, que llegaron tarde, evidenciando que la administración municipal tiene un rezago. “En ese momento consideramos que debíamos darle unas facultades pro tempore al alcalde por 3 meses y lo limitamos por cuantía hasta 4 mil salarios mínimos. Luego el municipio presentó objeciones por inconveniencia y por derecho, las cuales se excluyen entre sí; es decir, los trámites eran distintos. Nosotros acogimos la de inconveniencia, pero el proyecto se archivó”, explicó.

Posteriormente el municipio pasó otro proyecto de acuerdo, donde los corporados autorizaron finalmente las facultades por 5 meses y se le limitó la cuantía hasta 7 mil smmlv, lo que significa que los procesos de celebración de contratos que superen esta cifra requieren una autorización del Concejo. “Los 11 concejales que dimos el voto positivo actuamos de manera razonable y proporcional, teniendo en cuenta que realizamos un histórico del accionar contractual no solo de la actual administración, sino de las anteriores, que nos arrojó un dato: que los contratos y convenios administrativos de entidades que superaron los 7 mil smmlv no alcanzan ni siquiera el 1 %”, indicó Pérez.

Por su parte, la integrante del partido liberal, Mariam Muvdi, aseguró: “Las condiciones que establecimos se dan en uso de nuestras facultades políticas y para salvaguardar los recursos públicos, en aras que sean invertidos en obras de impacto social y no se conviertan en nuevos ‘elefantes blancos’. Uno no entiende cuál es el problema con eso, si siempre y cuando los proyectos lleguen con el lleno de los requisitos el trámite en el Concejo no superará una semana, y si no hay nada que temer no debe haber ningún tipo de problema. En cambio si nos encontramos con un proyecto escueto y sin dolientes, como está pasando últimamente, uno podría entender de qué se trata la molestia que tienen”.

La corporada agregó: “Esto debe ser una oportunidad para que algunos funcionarios de la administración trabajen como debe ser. Hemos visto que la administración quiere tapar su falta de gestión culpando al Concejo como si en estos días fueran hacer todas las obras corriendo”.

POSICIÓN DE LA COALICIÓN

Por su parte, los corporados de la coalición consideran que las modificaciones que se le hicieron al proyecto limitan las facultades del alcalde, son inconstitucionales y extralimitan las funciones de los cabildantes.

En este sentido, Luis Fernando Quintero aseguró: “La ley establece cuáles son los contratos o proyectos que deben pasar por el Concejo, como los empréstitos y concesiones, por lo que no era necesario condicionar al ente territorial. Aquí los concejales que votaron positivo se extralimitaron en sus funciones; nosotros no somos legisladores ni podemos coaccionar a la administración para que la mayoría de contratos pasen por el Concejo,  puesto que estamos impidiendo proyectos que requieran grandes recursos”.

Asimismo opina Rodrigo Álvarez, del Equipo Azul, al enfatizar: “Como corporados nos estamos extralimitando en condicionar el monto de los proyectos; no estoy de acuerdo en que limitemos los procesos de contratación de la administración. El presupuesto del municipio es de 760 mil millones de pesos y 7 mil salarios mínimos legales no es proporcional a dicho presupuesto”.

¿QUÉ DICE LA ALCALDÍA?

El secretario de Hacienda Municipal, Carlos Alfonso Araujo Castro, en su intervención recalcó que con estas facultades el Concejo de Valledupar juega un papel fundamental para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo, en una ciudad que lo está demandando.

BUSCAN NULIDAD

El jefe de la Oficina Jurídica del municipio, Omar Contreras, presentó ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar una acción de nulidad simple en contra del artículo 1 del acuerdo 008 del 2013, en el que se reglamenta la autorización al alcalde municipal para contratar por parte del Concejo, la cual fue aceptada  y decretó medidas cautelares de las pretensiones presentada por la administración.

Por: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
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