La situación a la que están sujeto los más de 900 profesionales de la salud, en calidad de tercerizados, que laboran en el Hospital Rosario Pumarejo de López parece no tener fin. Desde hace días el personal, medico, especialistas, enfermeras, entre otros, cerraron puertas reclamando la cancelación de aproximadamente 28 mil millones de pesos correspondientes a siete meses de salarios.

Ana Lucia Estrada, presidenta del sindicato de Salud y Seguridad Social del Hospital Rosario Pumarejo de López, manifestó que la reunión del pasado lunes 25 de noviembre con el Gobernador, Franco Ovalle, el Secretario de Salud del Cesar, Jorge Orozco, y delegados de las asociaciones sindicatos y del Hospital Rosario Pumarejo de López no arrojó resultados positivos que permitan hacer el levantamiento del paro.

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“En esta reunión los representantes del sector en paro expresaron al gobernador que continuarán con la protesta porque no aceptan la cancelación de un solo mes de trabajo. Ellos no están exigiendo el pago de los 8 meses, están solicitando la cancelación de mínimo dos salarios para poder retomar sus funciones normales”, señaló la presidente del sindicato, esto como respuesta a la propuesta hecha por el Gobernador Ovalle al no contar con los recursos para saldar la deuda ni las exigencias de los manifestantes.

Esta propuesta solo cubriría la cancelación de un mes a los especialistas y dos meses a enfermeras y auxiliares a través de un giro directo por un monto de 4 mil millones de pesos que llegará al hospital el mes diciembre, entre el 8 y 10 correspondiente al situado para la cancelación de la nómina del personal tercerizado. “Lógicamente los empleados en esa situación no aceptaron porque ellos dicen que necesitan tener mínimo dos meses de pago representado en un 30 % de la deuda”.

El presidente de la CUT Cesar, Johnny González, expresó en relación al tema del paro protagonizado por los trabajadores del HRPL en Valledupar, que el gobierno no muestra ninguna señal para solucionar la situación y que no solo es el tema con el hospital sino que hay clínicas privadas donde le adeudan al personal hasta 10 meses de salario.

La vocera del sindicato de la salud manifestó que esta situación es un caso incompatible con la vida hospitalaria y que el paro seguirá hasta tanto no se dé una respuesta que permita reanudar el 100 % de sus actividades.

“Aparte de la deuda que tienen con el personal médico, hay un compromiso con los proveedores que suministran los medicamentos e insumos, adicional a las cuentas que están embargadas a distribuidores con vigencias anteriores”, dijo.

Otro factor que ha desencadenado esta situación poniendo en riesgo la prestación del servicio de salud es el tema de las EPS. La líder del sindicato recordó que toda esta situación en materia de salud es producto de la aprobación de la Ley 100. “Esta Ley convirtió la salud en un negocio rentable para los dueños de la EPS”.

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La vocera de este grupo de médicos analizó la repercusión de esta decisión que, aunque para el Gobierno representa un logro, para los usuarios y profesionales que prestan el servicio significa un retroceso ya que favorece solo al sector de las EPS, lo que ha desencadenado acciones que interrumpen el desarrollo normal de la prestación del servicio.

Johnny González, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, en el Cesar. Destacó que la desfinanciación de los hospitales, así como el desvío de los recursos con los intermediarios es una de las razones por la que la salud se encuentra en estas condiciones. “La deuda de las EPS asciende a los 120 mil millones de pesos con el hospital, 23 mil son de atención a extranjeros y 27 mil millones en liquidación”.

 Ante el panorama que vive la salud en el Cesar, la presidenta del sindicato hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas que permitan darles movimiento a los pagos de las EPS. “Por qué al hospital le embargan las cuentas pero a las Entidades Promotoras de Salud nadie le aplica medidas”, refirió.

“Cuando se comenzó a aplicar la Ley 100 el dinero le llegaba directamente a los hospitales. Ahora llega directo a las EPS y a ellos le llegan las cuentas, niegan los servicios a los usuarios y eso es ganancia que les queda pero se sabía que así iba a ser el negocio de la salud. El afectado siempre es el pueblo sea profesional galeno o sea un usuario en busca de una atención medica”.

La defensora de los derechos laborales, en el Rosario Pumarejo de López, analizó que se ha hecho de todo: marchas, se ha demostrado con cifras, paros y el Gobierno no ha hecho nada. El Estado este negocio no lo va a acabar.

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Estrada informó que el hospital está a esperas de 2.400 millones el cual representará el pago del 50% estipulado en la mesa de reunión que se dio con las autoridades departamentales y de salud el pasado lunes, mil millones por pago de EPS y 800 millones adicionales para cubrir la nómina programada para el pago de 30 días.

Los líderes sindicales destacaron que a esta situación se le suma la atención a la población inmigrante por un monto superior a los 23 mil millones y que no hay recursos adicionales que permitan financiar este déficit de atención.

Por: Jorge Luis López González / El Pilón