Luego de varios días de audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, que llevó el caso en contra del alcalde de El Copey, Francisco Manuel Meza Altamar, quien es investigado por presuntos actos de corrupción, el juez decidió que la medida de detención preventiva de la libertad es la domiciliaria; advirtiendo que tendrá vigilancia electrónica ya que el aparato carcelario es débil en realizar las supervisiones constantes.  

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En este sentido, el burgomaestre estará cumpliendo la casa por cárcel en una finca de su propiedad. 

Con la misma medida restrictiva de la libertad quedó Belkis Jiménez Nieves, exsecretaria de Inclusión Social y Deporte de la localidad, mientras que Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa Sicarcol S.A.S., quedó en libertad, pero vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía 12 seccional. 

“Encuentra este despacho en estas circunstancias con los aportes materiales probatorios allegados por la Fiscalía en especial los dos fines en relación a la medida por obstrucción a la justicia y peligro para la comunidad de darle continuidad a uno de los delitos que se le imputa por ello solicita una medida privativa de la libertad, pero esta dependencia judicial con esos elementos probatorios considera que es una detención en su lugar de residencia.  El despacho va a disponer una medida adicional para estos ciudadanos que va a ser acompañada con un mecanismo de vigilancia electrónica debido que en la zona es complejo supervisar la medida preventiva”, explicó el juez. 

Cabe recordar que el ente acusador en la audiencia de imputación de cargos, detalló que se encontraron irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicios, con un monto que asciende a $4.068 millones. 

Durante la investigación, la Fiscalía puso en evidencia que los procesados, al parecer, direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la administración municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo (Fundecop) y Servicios Integrales del Caribe S.A.S.

Además, el órgano de control, constató que el actual alcalde de El Copey,  fue propietario, dueño, gerente y representante legal de la primera empresa en mención, a su turno, se confirmó que, en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano del mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como secretaria de inclusión social, cultura, deporte y recreación, es decir, Jiménez Nieves. 

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Por estos hechos Meza Altamar y las dos personas investigadas fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. 

“Suscribieron 14 contratos con los cuales usted acudió en representación del municipio de El Copey, con dos o tres ocasiones lo hizo con delegación que le hiciera a la secretaría de Infraestructura y Desarrollo adquiriendo bienes y servicios con personas jurídicas con la que usted tenía cercanía lo que conllevó a que tuviera una particular decisión en adjudicar contratos con ellos afectando de manera directa el principio de transparencia regulado en la Ley 80 de 1993 y consecuentemente al municipio”, dijo el fiscal delegado. 

Al final de la audiencia la Fiscalía apeló la decisión del juez respecto a la medida de aseguramiento impuesta.