El municipio de El Copey podría quedarse sin alcalde en lo que resta del periodo electoral. La Fiscalía pidió que el mandatario de ese municipio, Francisco Meza Altamar, fuera privado de la libertad en su lugar de residencia por presuntamente favorecer con contratos a dos empresas que fueron de propiedad suya y de su hermano.

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Se trata de las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo, Fundicop, en la que el alcalde fue propietario, gerente y representante legal, y Servicios Integrales del Caribe, Sicarcol S.A.S., que fue constituida por su hermano.

El mandatario se retiró de Fundicop, en el año 2018, justo antes de iniciar su correría para ser elegido como alcalde, pero una vez lo consiguió, con esa misma empresa realizó un contrato en el mes de marzo de 2022 por valor de $269.353.160.

Mientras que con Sicarcol S.A.S el alcalde realizó 11 contratos entre los años 2020 y 2022 de diferentes cuantías que en total superaron los $3.000 millones.

UNA COMPRAVENTA

El contrato por el que inició la investigación es uno de compraventa que involucró a la Alcaldía Municipal y las dos empresas.
Según la Fiscalía, el 12 de marzo de 2019 una ciudadana vendió un predio a Fundicop por valor de $21.500.000, y después la Alcaldía de El Copey lo declaró de interés social, pidiendo que se legalizara el terreno.

De igual manera, la Alcaldía contrató a una persona para su avalúo comercial, quien indicó que el predio está valorado en $6.250.589.328.

Lo curioso es que Fundicop vendió el predio a Sicarcol S.A.S. por valor de $50.000.000. y esta a su vez, luego de unos estudios previos, se lo vendió al municipio por valor de $600.000.000.

SICARCOL S.A.S

En la investigación determinaron que Sicarcol S.A.S. fue constituida primero como YMK Ltda. por Yesenia Ordoñez y Marciano de Jesús Meza Altamar, hermano del alcalde.

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No obstante, la empresa cambió de nombre a Servicios Integrales del Caribe, Sicarcol S.A.S. Una de las accionistas propietaria era Belkis Leonor Jiménez Nieves, quien mediante acta del 26 de septiembre de 2019 cedió el 100% de sus acciones a Antonio María Andrade Zambrano, nombrado como gerente, y cercano a la familia del alcalde.

Belkis Leonor Jiménez se convirtió en secretaria de Inclusión Social, Cultura, Deporte y Recreación del municipio, pero después dejó el cargo y pasó a ser precandidata por la Alcaldía de El Copey.

En consecuencia, la Fiscalía le imputó cargos al alcalde Francisco Meza, a la exsecretaria Belkis Jiménez y al contratista Antonio Andrade por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en celebración de contrato, pero al contratista este último delito, en calidad de cómplice. Ninguno aceptó cargos.

Asimismo, la Fiscalía argumentó que era necesario que el alcalde fuera privado de la libertad, mientras se adelantaba el debido proceso.

Raúl Hernández, abogado del alcalde, por su parte, pidió que no impusieran medida sobre Francisco Meza.

“Recurrió (la Fiscalía) a generalizaciones y vaguedades no siendo su exposición circunstanciada en modo, tiempo y lugar tal como lo exige la ley, no lo hizo”, dijo Hernández.