Pocas obras tan sensibles como la intervención del Centro Histórico de Valledupar, no solo por lo que representa para los vallenatos, también por el tiempo que se ha extendido la obra.

Para bien y para críticas, el SIVA ha sido la entidad visible, al ser los responsables de la pavimentación de las calles intervenidas. EL PILÓN dialogó con la gerente, Katrizza Morelli.

¿Cómo van las obras del Centro Histórico de Valledupar?

La obra va dentro de lo programado. Nosotros iniciamos un proyecto cuya programación inicial estipulaba un plazo de ejecución de 12 meses. Arrancamos obras el 20 de febrero de 2020. Es importante anotarlo porque ha habido desinformación al respecto: quieren tomar como fecha de inicio la firma del contrato. Una cosa es adjudicar la licitación pública y firmar contrato, en la vigencia de 2019, pero solamente se logra el acta de inicio en febrero 20 del 2020, cuando nos permiten el arranque de nuestras intervenciones, toda vez que había unas actividades predecesoras, que era la reposición de redes húmedas por parte de la Alcaldía de Valledupar.

Tan solo un mes después de haber iniciado ejecución decreta el Gobierno nacional el aislamiento preventivo obligatorio. Tuvimos que suspender los trabajos. Para las obras, el Gobierno nacional levanta el aislamiento a finales de abril, pero deja unas obligatoriedades: implementar un protocolo de bioseguridad que debía ser aprobado por las ARL y la Alcaldía de Valledupar. Fue un tiempo adicional construyendo un protocolo, prácticamente reiniciamos en mayo.

Ya tomando ritmo, más o menos para el mes de junio, aparecen las empresas de servicios públicos por el tema de la soterranización de las redes secas. Hasta junio es que deciden hacerlo. Entonces abrieron zanja en los espacios  públicos y eso nuevamente nos detiene. Las empresas nos entregaron las obras entre finales de octubre y comienzos de noviembre. 

¿Cuándo deben entregar las obras?

Tenemos un plazo contractual hasta julio de 2021 pero nosotros le estamos respirando en la nuca al contratista para que pueda terminarla antes. Estamos construyendo un modelo de ciudad para la gente. Teníamos un centro con andenes de 40 centímetros, por donde no pasaba una silla de ruedas.

¿Cómo ha sido la relación con los comerciantes impactados por las obras?

No es fácil aguantarse las incomodidades que trae una obra, y más si es una construcción de esta magnitud, porque estamos cambiando el sentir del centro de la ciudad. Los procesos son traumáticos, los embarazos son difíciles pero una vez nace el bebé se olvidan los dolores. Esta obra tiene una complejidad mayor porque tocamos el corazón del ‘Valle’. Obviamente toca fibras, pero había que hacerlo.

Cambiemos de tema. Otra tarea pendiente del SIVA es el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, SETP…

En la rendición de cuentas expliqué cómo fue concebida la política pública de transporte en el país: a nosotros se nos entregó un Conpes que decía lo que debíamos hacer y con qué recursos contábamos para hacerlo. Ese Conpes presupuestaba la confluencia de dos grandes inversiones: públicas y privadas. 

Las inversiones públicas son las obras de infraestructura física para que operara el transporte, y las inversiones privadas, a cargo de los operadores, están relacionadas con los buses, tecnología, patios, para que se diera la operación.

¿Qué pasó?

Nosotros avanzamos como Estado, pero los operadores no avanzaron al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque este proyecto necesitaba un cierre financiero, es decir, ningún transportador nos iba a decir que colocaba la flota nueva, conductores, patios, tecnologías, cubría el 100 % de la ciudad y pasaba cada 5 minutos, y eso lo pagaría con los pasajeros que se suben al bus. Resulta que con la caída de la demanda de pasajeros, que llegamos a transportar 22.000 o 25.000 pasajeros al día, hablando antes de la pandemia, no se cubría financieramente el modelo. 

Resulta que el transportador hacía la inversión, pero como 25.000 pasajeros a diario no cubren esa inversión se necesitaba cobrar el pasaje a $5.000.

¿Cómo se puede cubrir ese déficit?

La ley dice que si el modelo financiero no logra cerrarse,  el municipio cubre el déficit. Valledupar en Ley 550, sin dinero,  y ahora tendría que responder por $20.000 o $25.000 millones al año. Estábamos suicidando al municipio.

Como esta no es una situación solo de Valledupar, entonces el Gobierno nacional entendió  que no nos podíamos quedar solo con la infraestructura: ¡era necesario poner los buses!

Entonces cambió la fórmula del  negocio…

Se cambió una ley de la República  que decía expresamente que no se podían usar los recursos del convenio para comprar buses. Con la ley del Plan de Desarrollo se modificó esa ley, y se ubicó un artículo expreso que decía que sí se podían utilizar los recursos del convenio para inversión en operación.

Eso fue a mediados del 2019. Esperamos que el Ministerio de Transporte reglamentara cómo sería la adquisición del equipo rodante. Esa reglamentación salió en julio-agosto del 2020, y desde entonces venimos planteando al Ministerio de Transporte que, amparados en esta ley, nos permitan invertir en la operación.

Incluso, en los corrillos de Bogotá decían que le estaban haciendo un artículo a Valledupar, porque nosotros, con nuestros recursos, sin pedir un peso, es decir, de la bolsa inicial que dio origen a nuestra cofinanciación, tenemos unos  ahorros, y con esos ahorros es que le digo al Gobierno nacional que nos deje comprar buses y tecnología porque si no es así nunca arrancará el SETP.

¿En qué consiste esa propuesta hecha al Gobierno nacional?

Se llama redistribución de recursos entre componentes del Conpes. El 15 de enero, el Ministerio de Transporte respondió que nos aceptaron la redistribución de recursos.

Con ese proceder es que nosotros tenemos vía libre para hacer las licitaciones públicas para adquirir 140 vehículos nuevos que operarían en la ciudad, más la tecnología necesaria para controlar esos vehículos y hacer el recaudo.

¿Por qué tienen los ahorros?

Resulta que en el Conpes inicial nos decía que construyéramos obras y que para eso nos endeudáramos, y para pagar los intereses de la deuda tendríamos unos recursos. Pero en el SIVA nunca nos endeudamos y teníamos $50.000 millones para pagar intereses de deuda. Como no nos endeudamos quedó ese colchón. Nosotros hicimos las obras con los recursos que aportaban las entidades del convenio. Ese colchón es  el que nos permitirá realizar las inversiones para viabilizar el sistema.

¿Cuánto dinero invertirán?

Estaríamos  invirtiendo en flota cerca de $42.000 millones para comprar 140 unidades de baja o cero emisiones, con cupo para 20 pasajeros, nuevas, climatizadas, con plataformas para personas con movilidad reducida, información al usuario…

Entonces, tendríamos $42.000 millones para buses y $6.000 millones para la tecnología. Además, hay otras inversiones previstas como la construcción del patio y talleres, señalización, para complementar la puesta en operación del sistema.

Se ha criticado al SIVA por la demora para implementar el sistema de transporte…

Muchos señalaron al SIVA, pero esto es la garantía y la tranquilidad que hicimos las cosas correctamente. Primero, no suicidé al municipio con una responsabilidad que no iba a poder cubrir. Con esta inversión del SIVA, la tarifa técnica que estaba en $5.000 se reduce a $3.200.

Si el SETP arranca con un pasaje de $2.000, lo cual es viable, sigue habiendo un déficit porque lo que da el equilibrio financiero es que aumente la demanda.

Con la inversión del SIVA el déficit sería más o menos de $10.000 millones al año, con tendencia decreciente. Estamos trabajando para que la Gobernación del Cesar aporte el 60 % y el municipio el 40 %.  

Nosotros esperamos, después de 3 años de iniciada la operación, lograr el punto de equilibrio. Yo siento que puede ser antes porque las personas optan por la ilegalidad porque no hay oferta legal. La demanda despertará cuando haya un bus nuevo, pasando cada cinco minutos.

¿Cuántos pasajeros son necesarios para lograr el cierre financiero?

Con 50.000 o 55.000  pasajeros diarios estaríamos en el punto de equilibrio.

¿Cuándo iniciaría el proceso licitatorio para adquirir la flota?

Estimamos que si salimos a licitación en marzo podamos iniciar operación hacia octubre-noviembre de este año.

¿Así de cerca está la entrada en operación del SETP en Valledupar?

Son entre 60 y 90 días de licitación y hay que darles 5 meses a los fabricantes. También dependerá de la tecnología que usemos. Estamos entre dos tecnologías: Diesel euro 5, que es el avalado o permitido por la normativa ambiental y que tiene menos de 25 partículas por millón de azufre, es decir, niveles mínimos de contaminación; o gas natural, que no tiene material particulado y es considerado de baja emisión.

¿Por qué el dilema?

Por los proveedores  de cada una de las tecnologías. En diesel hay muchos, y con mucha cobertura y garantía en el país. En gas natural hay pocos: una marca  china, pero ninguna entidad está utilizando esos buses. Entonces da un poco de susto ser los primeros.

¿Por qué no apostar por buses eléctricos?

Lo primero es la limitación de los recursos públicos, cuando un bus eléctrico cuesta $750 millones, un bus de los otros cuesta $250 millones. Compro uno por cada tres. Y lo que necesitamos es poder comprar los necesarios para implementar la operación.

Pero no descartamos un piloto, el 10 % de la flota, para ir incursionando en lo que está a la vanguardia.

¿Por ejemplo, los buses Diesel euro 5 no perderían vigencia con las nuevas normas ambientales?

La ley dice que a partir del 2025 no se pueden comprar buses menos de euro 6. El combustible que utilizarían esos vehículos es muy inferior a lo que se está usando en la ciudad.

Por Deivis Caro – [email protected]