Son dos de los reclamos que hace la comunidad porque nota que no hay suficiente iluminación en sus sectores o no cuentan con barrido manual en sus zonas.
En algunos sectores de Valledupar se han convertido en quejas recurrentes de la comunidad la falta de alumbrado público o el paso de operadores de barrido manual en función del aseo de los barrios. Este último caso, por ejemplo, lo señalan repetidamente habitantes de barrios como Mareigua donde reiteran la falta de este servicio.
Para la aplicación de los mismos, los usuarios de toda la ciudad cancelan mensualmente unas tarifas que son cobradas por medio del servicio de energía que llega a las viviendas. Sin embargo, lejos de lo que muchos piensan en torno al cobro, manejo y empleo de dichos recursos, la aplicación de cómo se mueven estos dineros está bastante alejada de lo que los usuarios creerían y resultan a veces hasta insuficientes para todos los requerimientos que hay en Valledupar.
Por ejemplo, en el caso del servicio de alumbrado público el gerente de esta entidad, Jaison Penso, explicó que el cobro que se hace por este servicio responde a un impuesto y por este motivo no implica ningún tipo de contraprestación directa.
En este sentido se refirió a que algunos impuestos tienen destinación específica mientras que otros impuestos son de libre destinación por parte de los entes estatales, sea nación, departamento o municipio. En el caso del impuesto de alumbrado público, que es un impuesto municipal, tiene una destinación específica que se distribuye en primer lugar en cumplir con el pago de la energía que consumen las luminarias del servicio de alumbrado público en el municipio.
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“Una luminaria consume su energía y eso es lo que primero se paga con el recaudo del impuesto mensualmente”, explicó Penso. El recaudo se emplea en el pago de la operación y mantenimiento de las luminarias y por último para pago del costo que tiene la interventoría de este contrato de concesión.
“Quedan unos excedentes con destinos a expansión del servicio de alumbrado público bajo la responsabilidad del alcalde como ordenador del gasto público local”, indicó el funcionario.
En cuanto al reclamo que hace de la comunidad en la mayoría de las ocasiones con relación a las luminarias de alumbrado público, aclaró que este no es un servicio público domiciliario si no que se trata de un servicio público colectivo, complejo e indivisible. Por tanto las personas no pueden disponer, en el municipio, de si lo quita o no para disfrutarlo o no, como si lo haría en cambio con un servicio domiciliario.
“Si va por una vía donde hay alumbrado público y usted quiere: “No, yo no quiero alumbrado público”, usted no tiene la potestad de apagar las luminarias porque ese servicio es de toda la comunidad”, reiteró Penso. Del mismo modo aclaró que quien no “tiene una luminaria frente a su casa puede disponer de alumbrado público en el parque, en las avenidas, en las calles, donde exista”.
En cuanto el valor que se cobra por el mismo, enfatizó en que en el acuerdo municipal que establece el impuesto de alumbrado público se determina qué tarifa se le aplica a la base gravable y que, a su vez, la base gravable del impuesto de alumbrado público es el consumo de energía eléctrica, por lo cual el contrato del municipio lo tiene, para facturar este recaudo, la empresa Electricaribe.
En cuanto a cómo se encuentra en estos momentos el alumbrado público en la ciudad, Penso reconoció que hay faltantes y apuntó a que en la administración municipal no ha surgido una unidad que vigile, supervise y exija las expansiones alumbrado público debido a que algunas le corresponden al municipio pero otras le corresponden a los urbanizadores cuando cometen proyectos de desarrollo urbano.
“Todos los constructores tienen que entregar sus casas a los propietarios con todos los servicios domiciliarios y el servicio de alumbrado público. Eso está establecido en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en la Ley de Reforma Urbana y en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio como una obligación de los urbanizadores”, agregó Penso.
Frente a los reclamos por aseo en algunas zonas de la ciudad como Mareigua, donde sus habitantes sostienen que no cuentan con el paso de barrido manual, similar a como aseguran algunos de los residentes en la ciudadela Don Alberto, el gerente de la empresa Aseo del Norte, Cristian Martelo, hizo la salvedad de que el barrido de vías claramente definido como tal, está dado por una persona que va con un cepillo y unas bolsas recogiendo. Por esta razón en las vías que son destapadas la labor que hace esta empresa es un despápele, que consiste en recoger con un punzón los desechos que encuentran.
“Ellos abarcan un área todavía mayor con relación al área del barrido que es un área menor”, indicó Martelo.
Con relación a los reclamos en Mareigua, dijo que allí en efecto barren lo que está pavimentado y que lo que no está pavimentado no se barre. “No significa que no se atienda, pero no se va a barrer tierra, se recoge papel si se ve papeles ahí, con un punzón”, reiteró el funcionario, a la vez que dijo que esta situación hay que validarla yendo a las calles.
Sobre otras zonas explicó que hay unas vías que no se tienen definidas como tal, porque eso está estipulado en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, PGIR, que se rige por lo que se establece en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, donde queda definido cómo está el crecimiento de la ciudad y dónde van a quedar unas calles y dónde van a ser zonas de construcción o zonas de limitación para parques u otro tipo de cosas.
“No puedo decir con certeza cuáles sí y cuáles no son calles, así volvamos y lo veamos eso siempre está ahí, si no lo veo definido en el POT y peor aún si no me quedó estipulado en el PGIR porque eso quedó muy amarrado a unas calles o vías identificadas”, manifestó Martelo sobre el barrido manual.
Incluso reveló que a pesar de limitarse a las vías que aparecen en el POT, hoy están haciendo más de lo establecido como vías y siguen cobrando como se establece.
“Estoy cobrando lo que está establecido en el PGIR, no lo que estoy haciendo, entonces ahí también hay un tema que discutir porque no significa que estemos regalando el trabajo, significa que hacemos un ejercicio dos veces”, sostuvo Martelo.
Otra cuestión que aclaró, fue la situación denunciada en Don Alberto donde extrañan el paso de operadores de barrido manual. Allí hizo alusión a que tal vez el operario no esté barriendo. Por esto invitó a la misma comunidad a que les informe dónde no se está dando el paso de estos operarios.
A nivel general destacó que la mayor parte de las calles de Valledupar cuentan con servicio de barrido y los kilómetros que se pagan, se pagan entre todos.
Con relación a cómo se determina el monto para el pago de este servicio, Martelo aseguró que la fórmula tarifaria pide que se cuantifiquen cuántos kilómetros tiene el municipio o la ciudad y ese número se reparte entre todos los usuarios del servicio. Todo esto va ajustado a la Resolución CAR 720 artículo 21.
El costo de barrido comienza en el costo nominal que entrega el marco regulatorio y equivale a $28.985 a precios de diciembre de 2014, por cada kilómetro barrido.
“El costo de barrido y limpieza está en $10.389, eso significa que es lo que pagaría cada usuario por el barrido de los kilómetros aprobados por PGIR y ahí es donde está el punto de la discusión. A veces cogen a las empresas y las crucifican, pero estoy barriendo lo que dice el PGIR que tengo que barrer, si tengo que barrer más kilómetros pagarían aún más por más kilómetros”, sentenció Martelo.
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Y frente a esto agregó que se debe revisar un tema de plan de transición tarifaria porque, a pesar de que se ve que la ciudad hoy está limpia, hay zonas en las que dicen que hace falta.
De hecho, Martelo se aproximó a decir que en Valledupar hace falta aproximadamente unos 15 mil kilómetros en barrido al mes y que pueden ser más. Espacios como los parques, zonas duras como separadores centrales, la plaza Alfonso López y los andenes al pie de cada casa no están contemplados dentro de este servicio, aunque se aplica por direccionamiento de la misma entidad.
En medio de esto lo único que se barre todos los días es el centro de la ciudad y las avenidas principales porque son las vías de entrada y salida.
Martelo explicó que dentro del costo de barrido y limpieza por suscriptor, de los 18 mil pesos que puede llegar la factura, 10 mil corresponden al barrido. La tarifa para estrato uno, por ejemplo, sería de $17.736 debido también a que se subsidia un bajo porcentaje.
“Lo que siempre he dicho es que comparen cómo están esos porcentajes de subsidio en el país. Bogotá por ejemplo en estrato uno tiene un 70 %, estrato dos 40 %, estrato tres 15 %. Cuando nos metieron en este marco regulatorio es para que no hubiera una brecha muy grande”, expresó Martelo.
En este aspecto agregó que el municipio administra lo que el gobierno central le gira, pero si no tiene la capacidad suficiente de acuerdo con las diferentes variables que influyen, es muy poco lo que recibe.
Son casi seis mil millones de pesos que se reciben con destinación específica para educación, salud y servicios públicos y de eso por aseo asignan alrededor de 1.100 millones de pesos en el año.
“Son 1.200 millones de pesos, podrían ser más, porque la idea no es que todo lo pague el usuario en tarifa, puede ser el usuario o el municipio, pero va a depender de la capacidad del municipio para pagar ese subsidio”, finalizó Martelo.
Así pues se abre la discusión de cuánta más participación se puede recibir o cuánto más podrían pagar los usuarios para incrementar el alcance de estos servicios, algo que, muy seguramente, los bolsillos de los vallenatos no estimen aportar.
Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
[email protected]
Son dos de los reclamos que hace la comunidad porque nota que no hay suficiente iluminación en sus sectores o no cuentan con barrido manual en sus zonas.
En algunos sectores de Valledupar se han convertido en quejas recurrentes de la comunidad la falta de alumbrado público o el paso de operadores de barrido manual en función del aseo de los barrios. Este último caso, por ejemplo, lo señalan repetidamente habitantes de barrios como Mareigua donde reiteran la falta de este servicio.
Para la aplicación de los mismos, los usuarios de toda la ciudad cancelan mensualmente unas tarifas que son cobradas por medio del servicio de energía que llega a las viviendas. Sin embargo, lejos de lo que muchos piensan en torno al cobro, manejo y empleo de dichos recursos, la aplicación de cómo se mueven estos dineros está bastante alejada de lo que los usuarios creerían y resultan a veces hasta insuficientes para todos los requerimientos que hay en Valledupar.
Por ejemplo, en el caso del servicio de alumbrado público el gerente de esta entidad, Jaison Penso, explicó que el cobro que se hace por este servicio responde a un impuesto y por este motivo no implica ningún tipo de contraprestación directa.
En este sentido se refirió a que algunos impuestos tienen destinación específica mientras que otros impuestos son de libre destinación por parte de los entes estatales, sea nación, departamento o municipio. En el caso del impuesto de alumbrado público, que es un impuesto municipal, tiene una destinación específica que se distribuye en primer lugar en cumplir con el pago de la energía que consumen las luminarias del servicio de alumbrado público en el municipio.
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“Una luminaria consume su energía y eso es lo que primero se paga con el recaudo del impuesto mensualmente”, explicó Penso. El recaudo se emplea en el pago de la operación y mantenimiento de las luminarias y por último para pago del costo que tiene la interventoría de este contrato de concesión.
“Quedan unos excedentes con destinos a expansión del servicio de alumbrado público bajo la responsabilidad del alcalde como ordenador del gasto público local”, indicó el funcionario.
En cuanto al reclamo que hace de la comunidad en la mayoría de las ocasiones con relación a las luminarias de alumbrado público, aclaró que este no es un servicio público domiciliario si no que se trata de un servicio público colectivo, complejo e indivisible. Por tanto las personas no pueden disponer, en el municipio, de si lo quita o no para disfrutarlo o no, como si lo haría en cambio con un servicio domiciliario.
“Si va por una vía donde hay alumbrado público y usted quiere: “No, yo no quiero alumbrado público”, usted no tiene la potestad de apagar las luminarias porque ese servicio es de toda la comunidad”, reiteró Penso. Del mismo modo aclaró que quien no “tiene una luminaria frente a su casa puede disponer de alumbrado público en el parque, en las avenidas, en las calles, donde exista”.
En cuanto el valor que se cobra por el mismo, enfatizó en que en el acuerdo municipal que establece el impuesto de alumbrado público se determina qué tarifa se le aplica a la base gravable y que, a su vez, la base gravable del impuesto de alumbrado público es el consumo de energía eléctrica, por lo cual el contrato del municipio lo tiene, para facturar este recaudo, la empresa Electricaribe.
En cuanto a cómo se encuentra en estos momentos el alumbrado público en la ciudad, Penso reconoció que hay faltantes y apuntó a que en la administración municipal no ha surgido una unidad que vigile, supervise y exija las expansiones alumbrado público debido a que algunas le corresponden al municipio pero otras le corresponden a los urbanizadores cuando cometen proyectos de desarrollo urbano.
“Todos los constructores tienen que entregar sus casas a los propietarios con todos los servicios domiciliarios y el servicio de alumbrado público. Eso está establecido en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en la Ley de Reforma Urbana y en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio como una obligación de los urbanizadores”, agregó Penso.
Frente a los reclamos por aseo en algunas zonas de la ciudad como Mareigua, donde sus habitantes sostienen que no cuentan con el paso de barrido manual, similar a como aseguran algunos de los residentes en la ciudadela Don Alberto, el gerente de la empresa Aseo del Norte, Cristian Martelo, hizo la salvedad de que el barrido de vías claramente definido como tal, está dado por una persona que va con un cepillo y unas bolsas recogiendo. Por esta razón en las vías que son destapadas la labor que hace esta empresa es un despápele, que consiste en recoger con un punzón los desechos que encuentran.
“Ellos abarcan un área todavía mayor con relación al área del barrido que es un área menor”, indicó Martelo.
Con relación a los reclamos en Mareigua, dijo que allí en efecto barren lo que está pavimentado y que lo que no está pavimentado no se barre. “No significa que no se atienda, pero no se va a barrer tierra, se recoge papel si se ve papeles ahí, con un punzón”, reiteró el funcionario, a la vez que dijo que esta situación hay que validarla yendo a las calles.
Sobre otras zonas explicó que hay unas vías que no se tienen definidas como tal, porque eso está estipulado en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, PGIR, que se rige por lo que se establece en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, donde queda definido cómo está el crecimiento de la ciudad y dónde van a quedar unas calles y dónde van a ser zonas de construcción o zonas de limitación para parques u otro tipo de cosas.
“No puedo decir con certeza cuáles sí y cuáles no son calles, así volvamos y lo veamos eso siempre está ahí, si no lo veo definido en el POT y peor aún si no me quedó estipulado en el PGIR porque eso quedó muy amarrado a unas calles o vías identificadas”, manifestó Martelo sobre el barrido manual.
Incluso reveló que a pesar de limitarse a las vías que aparecen en el POT, hoy están haciendo más de lo establecido como vías y siguen cobrando como se establece.
“Estoy cobrando lo que está establecido en el PGIR, no lo que estoy haciendo, entonces ahí también hay un tema que discutir porque no significa que estemos regalando el trabajo, significa que hacemos un ejercicio dos veces”, sostuvo Martelo.
Otra cuestión que aclaró, fue la situación denunciada en Don Alberto donde extrañan el paso de operadores de barrido manual. Allí hizo alusión a que tal vez el operario no esté barriendo. Por esto invitó a la misma comunidad a que les informe dónde no se está dando el paso de estos operarios.
A nivel general destacó que la mayor parte de las calles de Valledupar cuentan con servicio de barrido y los kilómetros que se pagan, se pagan entre todos.
Con relación a cómo se determina el monto para el pago de este servicio, Martelo aseguró que la fórmula tarifaria pide que se cuantifiquen cuántos kilómetros tiene el municipio o la ciudad y ese número se reparte entre todos los usuarios del servicio. Todo esto va ajustado a la Resolución CAR 720 artículo 21.
El costo de barrido comienza en el costo nominal que entrega el marco regulatorio y equivale a $28.985 a precios de diciembre de 2014, por cada kilómetro barrido.
“El costo de barrido y limpieza está en $10.389, eso significa que es lo que pagaría cada usuario por el barrido de los kilómetros aprobados por PGIR y ahí es donde está el punto de la discusión. A veces cogen a las empresas y las crucifican, pero estoy barriendo lo que dice el PGIR que tengo que barrer, si tengo que barrer más kilómetros pagarían aún más por más kilómetros”, sentenció Martelo.
Lee también: “Alumbrado en Valledupar es suficiente”: Jaison Penso
Y frente a esto agregó que se debe revisar un tema de plan de transición tarifaria porque, a pesar de que se ve que la ciudad hoy está limpia, hay zonas en las que dicen que hace falta.
De hecho, Martelo se aproximó a decir que en Valledupar hace falta aproximadamente unos 15 mil kilómetros en barrido al mes y que pueden ser más. Espacios como los parques, zonas duras como separadores centrales, la plaza Alfonso López y los andenes al pie de cada casa no están contemplados dentro de este servicio, aunque se aplica por direccionamiento de la misma entidad.
En medio de esto lo único que se barre todos los días es el centro de la ciudad y las avenidas principales porque son las vías de entrada y salida.
Martelo explicó que dentro del costo de barrido y limpieza por suscriptor, de los 18 mil pesos que puede llegar la factura, 10 mil corresponden al barrido. La tarifa para estrato uno, por ejemplo, sería de $17.736 debido también a que se subsidia un bajo porcentaje.
“Lo que siempre he dicho es que comparen cómo están esos porcentajes de subsidio en el país. Bogotá por ejemplo en estrato uno tiene un 70 %, estrato dos 40 %, estrato tres 15 %. Cuando nos metieron en este marco regulatorio es para que no hubiera una brecha muy grande”, expresó Martelo.
En este aspecto agregó que el municipio administra lo que el gobierno central le gira, pero si no tiene la capacidad suficiente de acuerdo con las diferentes variables que influyen, es muy poco lo que recibe.
Son casi seis mil millones de pesos que se reciben con destinación específica para educación, salud y servicios públicos y de eso por aseo asignan alrededor de 1.100 millones de pesos en el año.
“Son 1.200 millones de pesos, podrían ser más, porque la idea no es que todo lo pague el usuario en tarifa, puede ser el usuario o el municipio, pero va a depender de la capacidad del municipio para pagar ese subsidio”, finalizó Martelo.
Así pues se abre la discusión de cuánta más participación se puede recibir o cuánto más podrían pagar los usuarios para incrementar el alcance de estos servicios, algo que, muy seguramente, los bolsillos de los vallenatos no estimen aportar.
Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
[email protected]