La enseñanza de la Constitución Política de Colombia como garante de la regulación del país de forma tácita y explícita, y a su vez como protector de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad, es, paradójicamente, ese diamante en bruto que nuestra sociedad aún no ha sabido apreciar. Aunque la Carta Magna represente un avance significativo en la consolidación de un Estado Social de Derecho, su contenido muchas veces permanece en el campo formal y simbólico, sin llegar a permear la cultura jurídica, política y ciudadana de manera efectiva.
La Constitución, más allá de regular las instituciones del Estado, se comprende como la manifestación jurídica de un pacto social fundado en la dignidad humana, el respeto por los derechos fundamentales y la garantía de condiciones materiales mínimas para todos los habitantes del territorio colombiano. En este sentido, los derechos humanos no son un elemento accesorio, sino el núcleo esencial del texto constitucional. Su protección e implementación correcta dan sentido efectivo a la existencia misma de la Constitución.
Ahora bien, el desconocimiento generalizado de sus principios, la falta de difusión pedagógica efectiva, la resistencia de distintas instituciones a cambiar prácticas arraigadas y el costumbrismo coloquial característico de este territorio han generado una profunda brecha entre lo que se proclama en el papel y lo que se experimenta en la realidad cotidiana. Esta brecha no solo se manifiesta en la persistencia de desigualdades estructurales, sino también en la falta de acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y la justicia.
En este contexto, valorar verdaderamente la Constitución no se reduce a exaltar su contenido en discursos conmemorativos, sino a asumirla como una herramienta viva de transformación y garantía de derechos humanos. En este marco, la mención referente al bloque de constitucionalidad adquiere total relevancia al ser esa figura reconocida que permite incorporar al ordenamiento interno normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que complementan, fortalecen y amplían el alcance del texto constitucional.
Esta incorporación no es meramente simbólica. Busca reforzar las instituciones y la supremacía constitucional con el fin de garantizar que los derechos humanos sean eficaces y aplicados en la protección integral, dinámica y conforme a los más altos estándares internacionales.
Por: Ana María Santos Murgas.
