Valledupar enfrenta desde hace años una lucha por recuperar el espacio público. Sin embargo, muchas de las intervenciones parecen más un ejercicio de autoridad que una solución definitiva. En varias zonas, la ocupación ha alcanzado niveles alarmantes, afectando la movilidad peatonal y vehicular. Hemos perdido andenes y tramos completos de vías, generando caos y deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.
El problema es complejo y todos tenemos alguna responsabilidad. Algunos, por necesidad y ante la permisividad de las autoridades, recurren a carretillas o puestos estacionarios. También existen mafias que alquilan el espacio público, comerciantes que ocupan los frentes de sus negocios y construcciones ilegales sobre retiros obligatorios. Además, la proliferación de parqueaderos improvisados y el uso indebido de vías por CAI de policía que convierten tramos de vía en estacionamientos permanentes.
Las soluciones no pueden reducirse a operativos esporádicos, difíciles de mantener en el tiempo. Se requiere un enfoque integral de la mano de todos los sectores para garantizar el derecho de todos al uso adecuado del espacio público.
Es urgente constituir en Valledupar una Mesa del Espacio Público, con representación de la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico, Planeación, Tránsito, la Policía Nacional, el Sena, gremios, Juntas de Acción Comunal y ediles. Esta mesa debe analizar cada zona, invitando a habitantes y comerciantes del sector, para entender su dinámica y establecer estrategias específicas.
Uno de los elementos clave es la aplicación de la Ley 1988 de 2019 (conocida como la “Ley de la empanada”, ya mencionada en varias de mis columnas), que permite la administración del espacio público mediante la asignación del uso comercial sin afectar la movilidad. Esta normativa promueve la formalización de actividades comerciales en espacios determinados, evitando desalojos indiscriminados.
Es importante ofrecer procesos de capacitación para los comerciantes establecidos. A través del Sena y otras entidades, se pueden desarrollar programas que fortalezcan habilidades comerciales y fomenten la organización. Esto contribuiría a combatir la informalidad y al desarrollo económico del municipio, además de incrementar los recaudos para la Alcaldía.
Se debe establecer un criterio claro para abordar las construcciones en el espacio público. Aquellas que impidan la movilidad peatonal deben ser demolidas para restablecer el tránsito. Sin embargo, en los casos en que no afecten la movilidad, podría negociarse el pago de una anualidad que permita un uso regulado y genere ingresos para el municipio, evitando desalojos abruptos.
El desorden en el espacio público no es solo un problema de ocupantes informales, sino también de la falta de planificación y control por parte de las autoridades. No podemos seguir perdiendo vías, andenes y espacios comunes. No podemos permitir que mafias se lucren con lo que es de todos ni que la ausencia de regulación condene a la ciudad al desorden.
Valledupar necesita una estrategia integral que no solo imponga orden, sino que también brinde oportunidades. La Mesa del Espacio Público puede ser el mecanismo que permita avanzar hacia una ciudad más organizada y equitativa. La solución debe construirse entre todos. Es momento de actuar con inteligencia, responsabilidad y visión de futuro.
Por: Ricardo Reyes.
